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Pastores de Villa Altagracia esperan RD$10 millones

Los pastores Elisa Muñoz y Joel Díaz en una fotografía de archivo de la pareja
Foto: Dominicanos Activos

«Ahora voy a tener que iniciar otro proceso», advirtió José Martínez Hoepelman, abogado de la familia de los pastores de Villa Altagracia, al denunciar que la Policía Nacional no ha pagado los RD$10 millones de indemnización fijados en una sentencia ya definitiva a favor de los familiares de Elisa Muñoz Marte y Joel Eusebio Díaz Ferrer.

La sentencia quedó firme en la Suprema Corte hace más de un año. El dinero sigue sin llegar a los beneficiarios, y esa espera es el centro de la denuncia que el abogado hizo en el programa Esto no tiene nombre.

Hoepelman planteó el asunto en términos claros: un ciudadano no debería abrir un procedimiento nuevo para obligar a una institución del Estado a cumplir lo que un tribunal ya decidió con carácter definitivo.

ERM Digital retomó la entrevista con las declaraciones completas del abogado, que expresó su indignación por la falta de respuesta institucional y por la ausencia de un gesto voluntario de reparación policial.

La noche del 30 de marzo de 2021 en la autopista Duarte

Elisa Muñoz Marte tenía 32 años y Joel Eusebio Díaz Ferrer, 35. La noche del 30 de marzo de 2021 regresaban a Santo Domingo de un culto celebrado en Villa Altagracia y su auto recibió múltiples disparos de una patrulla policial en el kilómetro 45 de la autopista Duarte, cerca de las 10:50 de la noche.

Con la pareja viajaban Claudio Alberto Ramírez Lamais, herido en la balacera, y Carlos José Pérez Báez, que salió ileso. El hecho conmovió al país y abrió un debate sobre el uso de la fuerza policial.

El proceso penal imputó a nueve agentes. El 13 de octubre de 2023, el Tribunal Colegiado de Villa Altagracia condenó a 20 años de prisión al coronel César Maríñez Lora y al raso Guillermo Rosario Melo, y a ocho años al segundo teniente Victorino Reyes Navarro y al cabo Ángel de los Santos. Cinco imputados quedaron absueltos.

Las apelaciones movieron las penas. La Corte de Apelación de San Cristóbal redujo a la mitad la condena de Maríñez Lora y el Ministerio Público llevó el caso en casación, ruta que este medio contó cuando el Ministerio Público apeló la pena reducida en el caso de los pastores de Villa Altagracia. La reclamación civil corrió en paralelo hasta la Suprema Corte.

RD$10 millones ordenados que nadie ha cobrado

El monto es concreto: RD$10 millones a favor de los familiares de los dos pastores, fijados en la decisión que la Suprema Corte dejó definitiva hace más de un año. Hoepelman lo repitió en la entrevista que difundió El Día: la orden es firme y el desembolso no se ha producido.

«¿Usted no cree que hace rato la Policía debió haber dicho: “Mire, pastores, padres de los pastores, vengan (…) y nosotros tenemos que reparar el daño que causamos a la sociedad”?», planteó el abogado en esa conversación.

Para la familia, el dinero no cierra la herida de dos muertes. Lo que está en juego es otra cosa: si una sentencia firme contra una institución pública se cumple o si el ciudadano tiene que litigarla dos veces para cobrar lo ya reconocido.

El contraste pesa en una semana de balances. El jueves 19, Luis Abinader presentó en el Palacio Nacional el libro Huellas de una transformación, memoria de cinco años de reforma de la Policía Nacional. Una reforma se mide en cuarteles y salarios, y en escenas como esta: una familia con sentencia firme esperando el pago ordenado.

Al cierre de esta nota, la Policía Nacional no ha ofrecido respuesta pública a la denuncia ni fecha para el desembolso. El próximo paso lo anunció el abogado de la familia: un nuevo proceso para exigir el cumplimiento de la sentencia.

Fuente: Dominicanos Activos

Leandro Roman

Leandro Roman

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