Más de setenta días han pasado desde que el Tribunal Superior Administrativo emitió la sentencia definitiva núm. 0030-03-2025-SSEN-00015. Esta decisión judicial ordena a la Alcaldía del Distrito Nacional (ADN), dirigida por la alcaldesa Rosa Carolina Mejía Gómez, la restitución de 619 espacios publicitarios a la empresa Impacto Urbano. Sin embargo, la orden aún no se ha cumplido, generando una creciente tensión.

Impacto Urbano, una empresa pionera en publicidad exterior mediante vallas lumínicas en la República Dominicana, ha estado operando desde 1999. El conflicto actual tiene sus raíces en el año 2007. En ese entonces, la Alcaldía del Distrito Nacional llevó a cabo una remoción de las estructuras publicitarias de la empresa, calificada por Impacto Urbano como arbitraria.

Esta acción, según la compañía, provocó graves daños económicos y morales. Como resultado, Impacto Urbano inició diversas acciones legales ante los tribunales dominicanos. A lo largo de los años, estas acciones han resultado en aproximadamente una docena de sentencias favorables a la empresa, culminando en la reciente orden del Tribunal Superior Administrativo.

Sentencia Judicial y Presunto Desacato

La sentencia núm. 0030-03-2025-SSEN-00015 es clara en su mandato: la Alcaldía del Distrito Nacional debe devolver los 619 espacios publicitarios a Impacto Urbano. Estos espacios son cruciales para las operaciones de la empresa, que ha visto afectada su capacidad de negocio durante años.

A pesar del tiempo transcurrido desde la notificación de esta sentencia definitiva, la situación parece no haber cambiado. Fuentes cercanas al caso indican que la Alcaldía del Distrito Nacional, encabezada por Rosa Carolina Mejía Gómez, continúa sin acatar el fallo judicial. Este presunto desacato prolonga la incertidumbre y las dificultades para Impacto Urbano.

El no cumplimiento de una sentencia emitida por el Tribunal Superior Administrativo plantea serias interrogantes sobre el estado de derecho y la seguridad jurídica. Para empresas como Impacto Urbano, que dependen de la estabilidad contractual y el respeto a las decisiones judiciales, esta situación genera un precedente preocupante. La prolongada disputa ha significado no solo pérdidas económicas directas, sino también un desgaste en términos de recursos legales y tiempo.