La tensión se siente en los pasillos del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. El futuro de Antonio y Maribel Espaillat, las cabezas visibles de la icónica discoteca Jet Set, pende de un hilo. Este miércoles, el Ministerio Público terminó de leer el voluminoso expediente con el que busca una medida de coerción en su contra, un paso clave en uno de los casos más sonados y trágicos de la historia reciente del país.
El silencio en la sala era pesado mientras los fiscales detallaban una acusación que hiela la sangre: homicidio involuntario. La tragedia, que resultó en el desplome del techo del centro nocturno, dejó una herida profunda en la sociedad dominicana, con un saldo de más de 230 personas fallecidas y 189 heridas. Ahora, la justicia debe decidir los pasos a seguir.
¿Qué Pide la Fiscalía Exactamente?
La solicitud del Ministerio Público es clara y contundente, pero diferenciada para los dos principales acusados.
Para Antonio Espaillat, propietario del local y figura central del caso, la fiscalía pide la medida más dura: 18 meses de prisión preventiva. Argumentan que es la única forma de garantizar que no se sustraiga del proceso y que no obstaculice la investigación en curso.
Para Maribel Espaillat, quien se desempeñaba como gerente, la solicitud es distinta. El Ministerio Público pide arresto domiciliario, impedimento de salida del país y la obligación de presentarse periódicamente ante las autoridades.
Las Caras de la Justicia en el Proceso
La audiencia está siendo seguida de cerca por todo el país. Al frente del Ministerio Público se encuentra un equipo de alto calibre, liderado por Wilson Camacho, director de Persecución, y Rosalba Ramos, la fiscal titular del Distrito Nacional. Su presencia subraya la importancia que el Estado le está dando a este caso.
La decisión final recae en la jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Fátima Veloz, quien tras escuchar por horas los argumentos de la acusación, declaró un receso para que la defensa prepare su contraparte.
El Caso Jet Set no es solo un expediente legal; es el recuento de una noche de horror que enlutó a cientos de familias. La acusación de homicidio involuntario se fundamenta en las presuntas negligencias que llevaron al colapso de la estructura. Entre las víctimas no solo había ciudadanos comunes, sino también figuras muy queridas del ámbito artístico, deportivo y empresarial, incluyendo al famoso merenguero Rubby Pérez.
Este caso ha puesto sobre la mesa un debate necesario sobre la seguridad en los centros de diversión y la responsabilidad de sus propietarios. La gente en la calle, los programas de opinión y las redes sociales se preguntan lo mismo: ¿Pudo haberse evitado? El Ministerio Público cree que sí, y su expediente busca demostrarlo.
La Defensa se Prepara para Responder
Ahora, todos los ojos están puestos sobre los abogados de la familia Espaillat. Su tarea es desmontar, punto por punto, los señalamientos presentados. Tendrán que ofrecer sus propios argumentos y pruebas para intentar convencer a la jueza Veloz de que las medidas solicitadas por la fiscalía son desproporcionadas o infundadas.
La audiencia se reanudará en la tarde, y se espera una larga jornada de debates legales. Lo que se decida en esta etapa de medida de coerción no define la culpabilidad o inocencia de Antonio Espaillat y su pariente, pero sí marcará el camino que seguirá este doloroso proceso judicial. El país entero espera una respuesta, buscando justicia para las víctimas y un precedente que garantice que una tragedia así no se repita jamás.
Fuente: eldia.com.do
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