El negocio oculto de las armas en RD

Rep.Dom. – En la República Dominicana, comprar un arma de fuego legal puede costar hasta un millón de pesos. Pero, ¿por qué tanto dinero? ¿Quién maneja este mercado? ¿Por qué el ciudadano común no tiene acceso igualitario? Este negocio, que mueve millones, está lleno de secretos, intereses políticos y leyes que benefician a unos pocos.

¿Quién controla el negocio de las armas?

En nuestro país, la venta de armas está dominada por un pequeño grupo de empresas y personas cercanas al poder. Muchos de ellos tienen relaciones directas con altos funcionarios del gobierno, del Congreso y con militares en retiro. Algunos dueños de armerías conocidas son empresarios que también han financiado campañas políticas. No es coincidencia.

Este grupo selecto controla la importación, el registro y la venta de armas. Con poca competencia, pueden subir los precios como quieran. De ahí que una pistola que en Estados Unidos cuesta 500 dólares, aquí pueda llegar a costar más de 800 mil pesos dominicanos con todos los permisos.

¿Y los políticos?

Hay políticos que promueven leyes que benefician directamente a estas empresas. Algunos incluso tienen acciones en las compañías que venden armas, aunque esto no se diga públicamente. También existen denuncias de que muchas licencias se otorgan solo a “recomendados” de ciertos diputados o senadores.

Estas conexiones explican por qué no hay una ley de igualdad que permita a cualquier dominicano, sin importar su clase social, comprar una arma para su protección personal. El proceso es costoso, lento y lleno de trabas.

¿Por qué ya no se pueden importar armas como antes?

En años anteriores, la importación de armas era más libre. Pero ahora, solo unos pocos tienen el permiso para traer armas desde el extranjero. Esto ha creado un monopolio disfrazado. La excusa oficial es que se hace por seguridad nacional, pero en realidad solo beneficia a los que ya están en el negocio.

Además, las regulaciones actuales impiden que cualquier persona o empresa nueva entre en el mercado. Para importar armas legalmente, hay que tener contactos, pagar altas tasas y esperar meses o incluso años. Esto limita la oferta y hace subir los precios.

¿Qué pasa con los ciudadanos comunes?

El problema es que la mayoría de los dominicanos no puede acceder a un arma de fuego legal, ni siquiera para proteger su hogar. Mientras tanto, los delincuentes tienen acceso fácil a armas ilegales. Esto crea una desigualdad de defensa: el ciudadano común está desarmado, mientras que los criminales andan mejor armados.

La ley debería ser igual para todos. Pero hoy, el sistema está hecho para que solo los ricos o los conectados puedan tener un arma legal. Esto no solo es injusto, también pone en peligro a la población.

¿Se puede cambiar esta realidad?

Sí, pero se necesita voluntad política. El Congreso podría aprobar una ley de armas más justa, que permita a cualquier persona cumplir con requisitos razonables para tener un arma legal. También es necesario investigar quiénes son los verdaderos beneficiados con este negocio millonario y exigir transparencia.

El Estado debe garantizar que las licencias se otorguen con un proceso claro, sin favoritismos, y que los precios estén regulados. Solo así se puede evitar que este mercado siga siendo un lujo para pocos y una oportunidad para los que hacen negocios con la seguridad.

¿Y la seguridad del país?

Una regulación justa no significa abrir las puertas a la violencia. Al contrario, significa dar a los ciudadanos las herramientas para protegerse y tener confianza en el sistema. Hoy, el miedo, la desconfianza y la desigualdad solo aumentan la inseguridad.

Un país donde solo unos pocos pueden defenderse, no es un país seguro. Necesitamos un cambio de visión. Necesitamos leyes que protejan a todos, no solo a los que tienen poder.

Por Yascarlos Perez para EM