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Faride Raful e intercambios de disparos copan el centro del debate sobre la seguridad pública en República Dominicana tras la muerte violenta de más de cuarenta personas a manos de patrullas policiales en apenas treinta días. La ministra de Interior y Policía rechazó categóricamente que estas muertes respondan a una directriz oficial emanada del Palacio Nacional o de su despacho.
Cuarenta supuestos delincuentes abatidos en un mes no pasan desapercibidos para nadie.
La funcionaria fijó su posición durante su participación en el programa El Despertador del Grupo SIN, transmitido por Color Visión y reseñado por la redacción del periódico De Último Minuto. La polémica creció con fuerza tras registrarse diecisiete fallecidos en un lapso de apenas siete días en distintos puntos del territorio dominicano, una racha sangrienta que activó de inmediato las alarmas de organizaciones de derechos humanos y de juristas locales.
Frente a las cámaras, Raful insistió en que el proceso de reforma institucional prohíbe el uso desmedido de las armas de reglamento. La línea oficial, defendió, exige respetar el principio de proporcionalidad ante cualquier agresión armada en los barrios y en las carreteras del país.
Calles calientes y operativos armados en los barrios
La realidad en los sectores vulnerables contradice los discursos teóricos de pacificación. Raful admitió con frialdad que los agentes de la fuerza de tarea conjunta rara vez encuentran a los sospechosos con las manos en alto, dispuestos a entregarse voluntariamente.
El choque armado en callejones de Santo Domingo, Santiago o San Cristóbal ocurre en fracciones de segundo. Quienes enfrentan a las patrullas portan pistolas automáticas, escopetas ilegales y chalecos balísticos. Esa resistencia violenta desata tiroteos directos en los que los miembros de la institución uniformada responden disparando a matar para proteger sus vidas.
El discurso de mano dura cobró fuerza hace semanas, cuando el presidente Luis Abinader advirtió públicamente a los prófugos de la justicia que debían entregarse a los tribunales o enfrentarían la persecución frontal de las fuerzas del orden.
Al ser consultada sobre esa advertencia del mandatario, Raful evitó interpretaciones políticas personales y afirmó que las palabras del jefe de Estado fueron claras. A ella, aclaró con tono firme, le corresponde evaluar las actuaciones de los agentes en cada intervención comunitaria para verificar si se violaron los protocolos vigentes.
Legalidad policial bajo la reforma institucional de 2024
El decreto presidencial que consolidó la reforma policial en 2024 estableció límites estrictos al uso de la fuerza letal por parte de los uniformados.
Esa norma obliga a la Inspectoría General y a las fiscalías provinciales a investigar cada cadáver que ingresa a las morgues tras un alegado intercambio de balazos. La ministra reconoció que no basta con el reporte preliminar elaborado por los propios agentes involucrados en la refriega. La sociedad dominicana exige peritajes balísticos independientes, autopsias transparentes y testimonios de vecinos para descartar ejecuciones extrajudiciales encubiertas bajo el rótulo de enfrentamiento legítimo.
El Ministerio Público mantiene abiertos expedientes en los que familiares de varias víctimas denuncian que sus parientes fueron ejecutados tras ser desarmados o cercados en viviendas particulares.
Investigaciones abiertas tras las cuarenta muertes de septiembre
El Ministerio Público rastrea la cronología de los operativos de septiembre para verificar la veracidad de los reportes balísticos de la Policía Nacional. Los fiscales analizan si las armas incautadas a los supuestos delincuentes dispararon casquillos en la escena del crimen o si fueron colocadas deliberadamente para justificar las muertes.
El país observa con desconfianza el saldo letal en los barrios mientras los operativos mixtos continúan desplegados en todo el territorio. La promesa de una Policía comunitaria y moderna choca con el recuento diario de cuerpos en las morgues forenses dominicanas.
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