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Gonzalo Castillo y la consulta del PLD desataron un terremoto político en la casa morada tras la sorpresiva cancelación del proceso interno programado para el 18 de octubre. El excandidato presidencial rechazó de inmediato la decisión de frenar el ejercicio democrático en el que las bases partidarias medirían las simpatías por las precandidaturas presidenciales. La suspensión oficial dinamitó semanas de movilizaciones en los municipios de la República Dominicana.
El exministro de Obras Públicas dejó claro que no comparte la postura de cancelar la votación, aunque acatará la disciplina institucional mientras mantiene firme su proyecto político rumbo a 2028.
La determinación fue anunciada por la Comisión Nacional Organizadora de la Consulta (CONAP), encabezada por Cristina Lizardo, luego de constatar que no existían condiciones técnicas para ejecutar el modelo de voto automatizado. De acuerdo con el reporte oficial documentado por El Nacional, el organismo electoral requería 2,200 equipos tecnológicos para registrar a los votantes y procesar las actas en todo el territorio dominicano.
La Junta Central Electoral apenas facilitó 600 dispositivos, dejando un déficit insalvable de 1,600 terminales indispensables para garantizar la jornada.
Guerra de padrones y denuncias de bloqueo interno
Detrás del problema técnico subyace una cruda confrontación entre los equipos de campaña por la elaboración de las listas de votantes.
Aspirantes presidenciales como Francisco Javier García cuestionaron con dureza la inhabilitación de 523,000 ciudadanos que figuraban en los padrones de otros partidos políticos. Esa exclusión generó roces verbales directos contra la dirigencia organizadora y las estructuras territoriales que promovían la figura de Gonzalo Castillo. Cuatro aspirantes figuraban en la boleta final antes del colapso del proceso: Castillo, Francisco Domínguez Brito, Manfred Mata y Francisco Javier García.
Para la facción del exministro, desarticular la consulta ciudadana frena el contacto directo con la base electoral y posterga la consolidación de una candidatura opositora unificada.
El debate interno se complica aún más tras el fallo 0011/2025 del Tribunal Superior Electoral, una sentencia que anuló resoluciones iniciales del Comité Político y forzó modificaciones constantes al calendario partidario.
El aplazamiento legal de la candidatura hacia 2027
La cúpula morada argumentó que el mandato emitido por el Comité Central era cerrado y exigía, de manera obligatoria, el voto electrónico.
Sin las máquinas de la Junta Central Electoral, la dirección consideró inviable llevar a cabo una votación manual transparente. La postergación obliga a trasladar la elección formal del candidato presidencial a los plazos legales establecidos a partir de julio de 2027.
El aplazamiento altera de raíz la estrategia opositora frente a la Fuerza del Pueblo y al Partido Revolucionario Moderno.
La pugna por el liderazgo opositor dominicano
La dirección del partido morado asegura que la militancia se mantendrá en las calles y que la estructura no se desmovilizará a pesar de posponer la elección interna.
Castillo intensificará sus recorridos comunitarios para preservar la maquinaria electoral viva. La pugna por la hegemonía del bloque opositor dominicano se libra ahora en los comités intermedios y en las plazas públicas, con tensiones latentes entre quienes pedían votos en las urnas y quienes prefirieron enfriar la disputa interna.
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