SANTO DOMINGO. La decisión de un tribunal de imponer una garantía económica de 50 millones de pesos a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, implicados en el trágico colapso de la discoteca Jet Set, ha levantado una ola de críticas y un profundo sentir de que la justicia se queda corta ante la magnitud de la pérdida humana.
La medida, dictada por la jueza Fátima Veloz de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, también incluye impedimento de salida del país y presentación periódica. Sin embargo, para los familiares de las víctimas y amplios sectores de la sociedad civil, la resolución es vista como "vergonzosa" e insuficiente. Se espera que, una vez depositados los documentos correspondientes, los imputados sean liberados del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
Esta decisión ha provocado que el Ministerio Público anuncie que apelará la medida, buscando una coerción más severa que refleje la gravedad de los hechos, donde 236 personas perdieron la vida.
"No hay dinero que pague una vida"
El sentir popular ha sido elocuentemente recogido por líderes de opinión y representantes de la comunidad. Para el presidente de la Confederación Dominicana de Unidad Evangélica (CODUE), Feliciano Lacen, ninguna garantía económica podría jamás resarcir el dolor inmenso de las familias afectadas. Según la información inicial, Lacen habría manifestado que "ninguna garantía económica sería suficiente para resarcir a las familias", una postura que, si bien no ha sido citada textualmente en los principales diarios, refleja el clamor generalizado por una justicia más allá de lo monetario.
Abogados de las víctimas han sido más directos en su repudio. Luis Alcántara, quien representa al músico Okil Medrano, conguero de la orquesta de Rubby Pérez, calificó la decisión de la jueza Veloz como una vergüenza nacional, argumentando que no se corresponde con la irreparable pérdida de vidas y el luto que embarga a la sociedad dominicana.
Aclaración sobre supuesto acuerdo
En medio del torbellino informativo, surgió la noticia de que Zulinka Pérez, hija del fenecido merenguero Rubby Pérez, habría recibido un cheque de un millón de pesos. Esto desató rumores sobre un posible acuerdo para desistir de acciones legales.
Sin embargo, la propia Zulinka Pérez desmintió categóricamente esta versión. En una aclaración pública, explicó que, si bien recibió dicha suma, fue en su calidad de músico de la orquesta, al igual que su esposo, como una compensación laboral y no como un soborno o acuerdo para silenciar su reclamo de justicia por la muerte de su padre. "Esa fue una compensación como músico, no como hija de Rubby Pérez", reiteró, disipando cualquier malentendido sobre su firme postura.
El caso Jet Set ha dejado una herida abierta en la República Dominicana. La ciudadanía, a través de las voces de los afectados y de las entidades que los respaldan, sigue clamando por acciones contundentes. La percepción es que la negligencia que condujo a la tragedia no puede ser solventada con una fianza, por alta que parezca. La exigencia es una: que se haga justicia verdadera en memoria de los que ya no están.
Fuente: https://ntelemicro.com
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