En un giro reciente y significativo en el caso del atentado con bombas incendiarias en Boulder, Colorado, un juez federal ha intervenido para proteger a la familia del acusado. La decisión judicial pone un alto temporal al proceso de deportación que enfrentaban la esposa y los cinco hijos de Mohamed Sabry Soliman, el hombre egipcio acusado del ataque. Esta medida subraya la complejidad de un caso que mezcla acusaciones graves con asuntos migratorios y tensiones internacionales.

La Orden Judicial: Un Respiro para la Familia

El juez federal de distrito Gordon P. Gallagher emitió la orden el miércoles, respondiendo a una solicitud urgente de la familia de Soliman. La esposa y los cinco hijos, todos ciudadanos egipcios, habían sido puestos bajo custodia federal el martes por funcionarios de inmigración. Es crucial destacar que ninguno de los familiares enfrenta cargos relacionados con el ataque perpetrado por Soliman en una manifestación pro-israelí.

La acción de detener la deportación familia Boulder es poco común, ya que raramente se procede contra familiares de acusados que no están directamente implicados en el delito. La familia incluye a una hija de 18 años, dos hijos menores de edad y dos hijas también menores. Su futuro en Estados Unidos pendía de un hilo hasta esta intervención judicial.

Investigación de Seguridad Nacional y Visa Vencida

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) había indicado previamente que la familia estaba siendo procesada para deportación. Según declaraciones oficiales, se está investigando "hasta qué punto su familia tenía conocimiento de este atroz ataque, si lo conocían o si lo apoyaron". Además, se anunció una postura más dura contra quienes excedan la duración de sus visas, como respuesta directa al atentado Boulder.

Mohamed Soliman, de 45 años, declaró a las autoridades que su familia no tenía conocimiento alguno de sus planes. Esta afirmación contrasta con la postura de las autoridades migratorias, creando un tenso escenario legal.

Detalles del Ataque y Estatus del Acusado

Soliman enfrenta cargos federales por delitos de odio y cargos estatales por intento de asesinato. Se le acusa de lanzar dos de 18 bombas molotov contra manifestantes en el centro comercial Pearl Street, gritando "¡Palestina libre!". El número de víctimas del ataque ascendió a 15 personas, además de un perro. Según su confesión, su intención era "matar a todos los sionistas", pero se asustó tras lanzar los primeros artefactos.

El estatus migratorio de Mohamed Soliman es un factor clave. Llegó a EE. UU. en agosto de 2022 con una visa de turista que expiró en febrero de 2023. Aunque solicitó asilo en septiembre de 2022 y obtuvo un permiso de trabajo en marzo de 2023, este también había vencido. Antes de residir en Colorado Springs, Soliman vivió 17 años en Kuwait, siendo originario de Egipto.

Implicaciones Legales y Comunitarias

El caso de Soliman ha conmocionado a la comunidad de Boulder. Planeó el ataque durante un año, esperando la graduación de su hija para llevarlo a cabo, según documentos judiciales. Mientras tanto, un periódico de Colorado Springs había destacado en abril el viaje de la familia desde Egipto y los logros académicos de una de sus hijas.

Soliman permanece detenido con una fianza de 10 millones de dólares en efectivo. Su abogada se ha abstenido de hacer comentarios, siguiendo la política de los defensores públicos. Las autoridades creen que actuó solo, aunque sufrió quemaduras al lanzar el segundo artefacto.

Este incidente ocurre en un contexto de creciente tensión global debido a la guerra entre Israel y Hamás, que ha repercutido en un aumento de la violencia antisemita en Estados Unidos. La comunidad judía local había programado una vigilia en respuesta a estos hechos.

La decisión del juez federal de detener la deportación de la familia de Soliman añade una nueva capa a este intrincado caso. Mientras el proceso legal contra Soliman avanza, el destino de su esposa e hijos queda en suspenso, protegido temporalmente por una orden judicial, pero con un futuro incierto en medio de investigaciones y políticas migratorias más estrictas. La comunidad sigue atenta a los próximos pasos en este drama humano y legal que ha captado la atención nacional.

Fuente: WPTZ-MSN