La libertad de expresión es un pilar fundamental en cualquier sociedad democrática. En la República Dominicana, el debate sobre cómo actualizar las leyes que la protegen está muy activo. Recientemente, surgieron algunas dudas sobre el proyecto de ley que busca modernizar la normativa vigente desde 1962. Para aclarar estas inquietudes, el abogado constitucionalista Namphi Rodríguez, quien coordinó la comisión consultiva para esta reforma, ofreció detalles importantes.

¿Por Qué Reformar una Ley de 1962?

La ley actual sobre libertad de expresión, la Ley 6132, data del año 1962. El mundo de la comunicación ha cambiado radicalmente desde entonces. La llegada de internet, las redes sociales y las plataformas digitales ha creado nuevas formas de expresarse, pero también nuevos desafíos. Una ley pensada antes de la era digital necesita ajustes para seguir siendo relevante y efectiva. El objetivo principal de la reforma Ley 6132 es precisamente ese: adaptar la legislación a los tiempos modernos, asegurando que proteja la libertad de expresión en todos los medios, incluyendo los digitales.

Aclaración Clave: Sin Controles Excesivos sobre Plataformas Digitales

Una de las mayores preocupaciones que circulaban era si la nueva ley obligaría a los medios digitales a "colaborar" de forma forzosa con instituciones del Estado. También se temía la creación de un organismo con poder para censurar o eliminar contenidos en línea.

Namphi Rodríguez fue muy claro al respecto: esos temores no tienen fundamento en el proyecto presentado. Explicó que la propuesta no contempla una obligación de colaboración forzosa para los medios digitales con el gobierno. Tampoco se creará un "ente regulador" con la capacidad de tumbar contenidos de las plataformas. Esta aclaración es vital porque despeja miedos sobre una posible censura encubierta o un control gubernamental excesivo sobre el flujo de información en internet. El espíritu de la reforma, según Rodríguez, es opuesto a eso.

El Verdadero Objetivo: Fortalecer Derechos, No Reprimir

Si la ley no busca más control, ¿cuál es su propósito central? El coordinador de la comisión explicó que la meta es doble:

1. Fortalecer la libertad de expresión: Asegurar que este derecho fundamental se ejerza plenamente en el entorno actual.
2. Proteger los derechos de los usuarios de plataformas digitales: Reconocer y amparar a los ciudadanos que interactúan, crean y consumen contenido en línea.

El enfoque, insistió Rodríguez, es garantizar estos derechos fundamentales sin recurrir a "mecanismos represivos". Se busca un equilibrio donde la libertad prevalezca, pero también se respeten otros derechos importantes, como el honor y la intimidad, adaptando las soluciones a la era digital.

Un Cambio Significativo: Adiós a la Cárcel por Difamación e Injuria

Quizás la muestra más concreta de este enfoque no represivo es la eliminación de las penas de prisión para los delitos de difamación e injuria. Históricamente, la amenaza de cárcel por expresar opiniones o informar sobre ciertos temas ha sido vista como una herramienta que puede "enfriar" la libertad de prensa y la expresión ciudadana. Quien teme ir a prisión por hablar o escribir, probablemente se autocensure.

Eliminar la cárcel como castigo para estos delitos (que seguirán existiendo y podrán tener otras sanciones, como multas o indemnizaciones) es un paso muy importante. Alinea a la República Dominicana con tendencias internacionales que buscan despenalizar los llamados "delitos de opinión". Esta medida, contenida en el proyecto de la Ley Libertad de Expresión República Dominicana, envía una señal clara: se prioriza la libertad y se buscan mecanismos menos severos para resolver conflictos relacionados con el honor y la reputación.

El proyecto de Ley de Libertad de Expresión y Medios de Comunicación ya fue depositado en el Senado de la República. Ahora inicia el proceso legislativo formal, donde senadores y diputados debatirán su contenido, escucharán a diversos sectores y podrían introducir modificaciones.

Las aclaraciones ofrecidas por Namphi Rodríguez son cruciales para que este debate se realice sobre bases correctas, entendiendo el verdadero alcance y los objetivos de la propuesta. Modernizar una ley tan importante como la 6132 es un desafío complejo. Implica balancear la protección de la libertad de expresión con la defensa de otros derechos fundamentales en un ecosistema mediático que cambia constantemente.

El resultado final de esta reforma tendrá un impacto directo en periodistas, medios de comunicación, creadores de contenido digital y en cada ciudadano que ejerce su derecho a expresarse e informarse. Es fundamental seguir de cerca su evolución y fomentar una discusión abierta y bien informada. La meta compartida debe ser una ley que proteja y promueva la libertad, adaptada al siglo XXI.

Fuente: Diario Libre