La situación de las motocicletas en República Dominicana ha encendido las alarmas de las autoridades. La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, lanzó una advertencia clara: es urgente y necesario poner en marcha un sistema efectivo de fiscalización motocicletas y su correspondiente registro. Esta medida no es un capricho, sino una respuesta directa a cifras preocupantes que vinculan a estos vehículos con una alta tasa de siniestralidad vial y actividades delictivas.

Según datos revelados, el 70% de las muertes ocurridas en accidentes de tránsito involucran a motociclistas, muchos de los cuales actúan con imprudencia. Además, un "mapa de calor" de la delincuencia señala que una gran parte de los atracos y asaltos a mano armada se cometen utilizando estos vehículos de dos ruedas. Estas estadísticas pintan un panorama que requiere acción inmediata.

La Postura Firme de Interior y Policía

Durante su participación en el Primer Foro Nacional para el Uso Responsable de la Motocicleta, la ministra Raful fue enfática. "Es necesario educar a esa población sobre los riesgos de pérdidas de vidas, hacer cumplir las normas y la Ley de Tránsito", señaló. Subrayó la importancia de que cada motocicleta que ingrese al país sea regularizada y venga acompañada de un casco protector que cumpla con los estándares de seguridad certificados.

Para enfrentar este desafío, se ha creado la Fuerza de Tarea Vial, una iniciativa que busca soluciones ciudadanas con el objetivo primordial de salvar vidas. La ministra aseguró que desde su institución se están proveyendo las herramientas necesarias, incluyendo tecnología, para que las entidades involucradas puedan realizar su trabajo de manera más eficiente. El mensaje es claro: la formalización del sector de las motocicletas debe ser rápida y efectiva.

La preocupación no es exclusiva de Interior y Policía. Otras figuras importantes del ámbito judicial y de transporte han sumado sus voces a esta urgente necesidad.

La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, calificó la situación como "una pandemia que hay que controlar de una u otra forma". Enfatizó la necesidad de establecer un régimen de consecuencias real para quienes infrinjan las leyes y causen muertes con vehículos de motor de dos ruedas. Aunque se están construyendo nuevas cárceles, Reynoso expresó su deseo de que no se llenen con responsables de muertes por accidentes, anunciando que luchará por modificar la ley para endurecer las condenas en estos casos. De ahora en adelante, advirtió, habrá consecuencias.

Por su parte, Milton Morrison, director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRAANT), destacó el carácter sin precedentes del foro, donde el Estado, el sector privado y los sindicatos unen esfuerzos. "Esto es un esfuerzo sin precedentes en la historia del país", afirmó. Morrison fue tajante al indicar que el uso responsable de la motocicleta y, crucialmente, del casco protector, debe ser obligatorio. Quien no cumpla, deberá asumir las consecuencias. Considera que esta es la única vía para reducir las muertes por esta causa y que esta transformación cuenta con el apoyo total del presidente Luis Abinader. La seguridad vial RD es una prioridad.

¿Por Qué Tanta Urgencia? Las Cifras No Mienten

La insistencia en la fiscalización motocicletas y su registro motocicletas no es casual. El dato de que 7 de cada 10 muertes en las vías involucran a motoristas es alarmante. Esta cifra no solo representa una estadística fría, sino tragedias familiares, pérdidas económicas y una carga pesada para el sistema de salud pública.

Además, la conexión entre motocicletas no registradas y la criminalidad es un factor que eleva aún más la urgencia. La facilidad con la que se pueden cometer delitos y evadir la justicia utilizando vehículos sin identificar es un problema grave que afecta la seguridad ciudadana en general. La regularización permitiría un mejor rastreo y control, dificultando su uso en actos ilícitos.

La solución a este complejo problema pasa por varios ejes. Primero, la educación: concienciar a los conductores de motocicletas sobre los riesgos y la importancia de cumplir las normas. Segundo, el cumplimiento estricto de la Ley de Tránsito, aplicando las sanciones correspondientes a quienes la infrinjan. Tercero, la regularización efectiva de cada vehículo, asegurando que cuenten con la documentación necesaria y los elementos de seguridad, como el casco.

La Fuerza de Tarea Vial y la colaboración entre instituciones como Interior y Policía, la Procuraduría General y el INTRAANT son pasos fundamentales. El apoyo de la sociedad en su conjunto también es vital para que estas medidas tengan el impacto deseado. La meta es clara: reducir las muertes, disminuir la delincuencia asociada y lograr una seguridad vial RD que beneficie a todos los dominicanos.

Fuente: https://elnuevodiario.com.do