La lucha contra la corrupción en República Dominicana escribe un nuevo capítulo. Este viernes, el Ministerio Público activó una serie de allanamientos en el Distrito Nacional y Punta Cana como parte de la Operación Camaleón, un caso que sigue destapando una presunta red de corrupción que habría estafado al Estado con millones de pesos. La acción de hoy pone nuevamente en la mira al exdirector del Intrant, Hugo Beras, y a otros implicados.

Según informó la Procuraduría General de la República (PGR), un equipo de quince fiscales se movilizó para ejecutar las intervenciones. Estas acciones son coordinadas por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), la unidad élite del Ministerio Público encargada de investigar y procesar los delitos de cuello blanco.

Este operativo representa un avance significativo en una investigación que busca desmantelar por completo un complejo esquema de fraude y crimen organizado.

¿Qué hay de nuevo en el caso?

La noticia más reciente es que entre los lugares allanados se encuentra la propiedad del conocido productor artístico Aquiles Jiménez, lo que añade un nuevo nombre a la lista de personas de interés en esta compleja trama.

La Operación Camaleón se centra en las graves irregularidades detectadas en el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant). En el corazón del caso se encuentran Hugo Beras, quien dirigió la institución, y José Ángel Gómez Canaán (Jochi), propietario de la empresa Aurix S.A.S. Ambos enfrentan serias acusaciones que van desde desfalco y estafa contra el Estado hasta falsificación de documentos y coalición de funcionarios.

El Ministerio Público los señala como piezas clave de una red dedicada a beneficiarse ilegalmente de fondos públicos, afectando directamente la seguridad y la confianza en las instituciones del país.

Los Contratos Bajo la Lupa

El expediente de la corrupción en República Dominicana en este caso tiene dos puntos centrales que las autoridades han calificado como fraudulentos.

1. Modernización de Semáforos: El contrato principal investigado es el que buscaba modernizar el sistema de semáforos del Gran Santo Domingo. Según la fiscalía, este acuerdo fue un vehículo para el fraude, diseñado para desviar fondos en lugar de solucionar un problema real que afecta a miles de ciudadanos cada día.
2. Sabotaje y Espionaje: La acusación se vuelve aún más grave al incluir un contrato "ilegal" firmado entre el Ministerio de Defensa y la empresa Aurix en junio de 2020. La PGR afirma que este acuerdo se utilizó para usurpar funciones de inteligencia y seguridad del Estado. Incluso, se les imputa el sabotaje a la red de semáforos ocurrido en agosto de ese año, un acto calificado como terrorismo contra infraestructura crítica.

Más Nombres en la Lista de Imputados

Además de Hugo Beras y Jochi Gómez, la red de presunta corrupción incluye a otros exfuncionarios y colaboradores que habrían facilitado las operaciones ilícitas. Entre ellos se encuentran:

• Frank Díaz Warden, excoordinador de despacho del Intrant.
• Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, quien fue director de Tecnología.
• Pedro Vinicio Padovani Báez, encargado del Centro de Control de Tráfico.
• Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director Administrativo y Financiero.
• Carlos José Peguero Vargas.

Las imputaciones son muy serias e incluyen comercio ilícito, robo de identidad y uso de alta tecnología para cometer delitos, demostrando el nivel de sofisticación de la supuesta red.

El caso Camaleón sigue en pleno desarrollo y cada nueva acción de la justicia revela más detalles sobre cómo operaba este esquema. Para los ciudadanos, es una señal de que las autoridades continúan trabajando para llevar ante la justicia a quienes hayan defraudado la confianza pública. La sociedad dominicana se mantiene atenta a los próximos pasos de la PEPCA y espera que se aclaren todos los hechos y se establezcan las responsabilidades correspondientes.

Fuente: Comunicado de la Procuraduría General de la República (PGR).