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Prófugos de la Policía Nacional y entregas voluntarias por homicidios marcan el balance reciente de la uniformada: 195 personas requeridas por la justicia decidieron entregarse en poco más de un mes y medio, cargando expedientes que van desde asaltos callejeros hasta crímenes de sangre.
La cifra corta la respiración por la gravedad de las imputaciones. De ese grupo, 49 enfrentan acusaciones directas por homicidio, mientras que 58 cayeron por delitos contra la propiedad.
El informe oficial difundido por la Policía Nacional detalla el registro realizado entre el 17 de agosto y el 6 de octubre.
Septiembre concentró la mayor presión en los destacamentos barriales, con 122 presentaciones, seguido de una racha rápida de 42 prófugos en los primeros seis días de octubre.
Quien camina por las esquinas de Santo Domingo o Santiago sabe bien cómo se mueve ese engranaje. La presión en los callejones, el cerco a los familiares y el temor a un desenlace violento suelen empujar a que estas comparecencias ante el Ministerio Público se realicen a través de curas, pastores o comunicadores comunitarios.
El mapa de los delitos que encabezan las listas
Los atracos, robos y despojos encabezan la estadística general con 58 casos.
Apenas un peldaño detrás figuran los 49 expedientes por homicidio, una categoría que representa el 25.1 % de quienes decidieron dejar de esconderse.
El reporte oficial suma 28 personas requeridas por provocar heridas con armas de fuego y otras 28 por agresiones físicas. El resto de los casos abarca desde órdenes de arresto bajo la Ley 631-16 de control de armas hasta denuncias por estafa y violencia de género.
El cuadro delictivo muestra que una cuarta parte de quienes decidieron presentarse cargan con acusaciones directas por quitarle la vida a otro dominicano.
La ruta legal de los sometimientos
La institución del orden remitió de inmediato a los detenidos a las respectivas fiscalías jurisdiccionales para la formulación de medidas de coerción.
El traslado desde las sedes regionales hacia los tribunales de atención permanente arrancó el mismo día en que firmaron las actas de recepción de detenidos.
La entrega ante las autoridades apenas abre la puerta al proceso judicial, pero no garantiza la prisión preventiva automática en todos los expedientes.
Los jueces de instrucción deberán revisar la solidez probatoria de cada acusación, evaluar los presupuestos de arraigo y determinar si las víctimas o querellantes ratifican los cargos.
El Ministerio Público mantiene abiertas las audiencias de solicitud de coerción en diferentes distritos judiciales, donde los abogados defensores buscarán demostrar que la presentación voluntaria reduce el peligro de fuga.
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