Un tribunal en Santiago, República Dominicana, ha impuesto una sentencia de 20 años de prisión a un hombre. El motivo: la violación sexual de su propia hija. Los abusos comenzaron cuando la niña tenía solo 9 años.

Este veredicto llega después de un riguroso proceso judicial. La Fiscalía de Santiago presentó pruebas contundentes que demostraron la culpabilidad del padre. La valiente denuncia de la madre fue crucial para iniciar la investigación y llevar al agresor ante la justicia.

Los hechos, que han conmocionado a la comunidad, ocurrieron durante varios años. La víctima, que ahora tiene 14 años, sufrió los abusos de su progenitor desde los 9 años. Esta terrible situación se desarrollaba cada vez que la niña visitaba a su padre en un barrio del distrito municipal La Canela, en Santiago. La relación incestuosa se mantuvo oculta bajo un manto de miedo. El padre amenazaba constantemente a la niña con hacerle daño si revelaba lo que sucedía.

Fue la madre de la adolescente quien notó un cambio preocupante en el estado de ánimo de su hija. Al hablar con ella, la joven confesó la dolorosa verdad sobre los abusos a los que era sometida por su propio padre. Esta confesión activó de inmediato el sistema de justicia para buscar una condena por abuso infantil.

La Fiscalía, representada por el fiscal litigante Pedro Martínez, construyó un expediente sólido. Este expediente contenía numerosas pruebas. Había testimonios, documentos y análisis periciales que no dejaban lugar a dudas sobre la culpabilidad del acusado.

Durante el juicio, el fiscal Martínez hizo especial hincapié en el grave daño psicológico infligido a la víctima. Las amenazas constantes para que guardara silencio agravaron el trauma. El fiscal señaló que la presión psicológica ejercida contra una persona indefensa y vulnerable, como una niña menor de edad, constituye una agresión gravísima. Este tipo de maltrato atenta directamente contra el desarrollo normal físico, psicológico y mental de cualquier menor. La violencia intrafamiliar en RD es un problema serio que requiere atención y acción firme.

La Unidad de Atención Integral a las Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales jugó un papel fundamental. Siguiendo un protocolo cuidadoso, se recogió el testimonio de la adolescente. Este protocolo está diseñado para reducir al mínimo la revictimización y la exposición de la menor. Médicos ginecólogos y psicólogos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) realizaron las evaluaciones pertinentes.

Las evaluaciones revelaron el profundo impacto emocional del abuso sexual infantil en la joven. Se evidenció un estado de angustia constante, ansiedad, temor paralizante y sentimientos de vergüenza. Estos sentimientos eran producto directo de la intimidación que ejercía el procesado sobre ella.

Más tarde, el testimonio de la víctima fue corroborado. Esto se hizo ante el Centro de Entrevistas para Personas en Condiciones de Vulnerabilidad, Víctimas o Testigos de Delitos de Santiago. Este paso es crucial para asegurar que la voz de la víctima sea escuchada de manera segura y efectiva dentro del proceso judicial. La protección de menores es una prioridad en estos casos.

Los jueces Osvaldo Castillo, Esther Reyes y Luis Ernesto Torres, del Segundo Tribunal Colegiado del distrito judicial de Santiago, tuvieron la responsabilidad de dictar sentencia. Tras analizar todas las pruebas y escuchar los argumentos, impusieron la condena de 20 años de reclusión.

Esta sentencia judicial en Santiago se basó en la violación de varios artículos del Código Penal Dominicano. Específicamente, los artículos 309-1, 331, 332-1, y 332-2, modificados por la Ley 24-97 sobre Violencia de Género. También se consideró el artículo 396, literales B y C, de la Ley 136-03. Esta ley crea el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes. Estas leyes reflejan el compromiso legal de la República Dominicana con la erradicación de la violencia y la protección de sus ciudadanos más jóvenes.

La justicia en Santiago ha hablado. Esta condena envía un mensaje claro: los actos de abuso contra menores no serán tolerados y serán castigados con severidad. Si bien ninguna sentencia puede borrar el trauma vivido, representa un paso importante hacia la sanación de la víctima y la reafirmación de los valores de protección y respeto en la sociedad. Es un recordatorio de la lucha constante necesaria para garantizar entornos seguros para todos los niños, niñas y adolescentes.