La Corte Suprema de Estados Unidos ha emitido un fallo que permite a la administración Trump, por el momento, proceder con la terminación de un importante programa de protección temporal. Este programa había ofrecido un respiro legal a más de medio millón de inmigrantes provenientes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela (CHNV). La decisión marca un punto crucial en la política migratoria y genera incertidumbre sobre el futuro de estas personas.  

El programa en cuestión, conocido como CHNV, fue implementado durante la era Biden. Su objetivo principal era otorgar una protección legal temporal a inmigrantes que huían de situaciones de violencia y crisis humanitaria en sus países de origen. Bajo esta iniciativa, los beneficiarios podían ingresar y permanecer en Estados Unidos de manera legal por un periodo de hasta dos años, siempre y cuando contaran con un patrocinador en el país y aprobaran rigurosos controles de seguridad. Era una vía para que personas vulnerables encontraran seguridad mientras se resolvían sus situaciones o buscaban otras alternativas migratorias.  

La reciente decisión de la Corte Suprema surge tras una batalla legal. Anteriormente, en abril, un juez federal había bloqueado temporalmente los intentos de la administración Trump de revocar estas protecciones. Sin embargo, la administración argumentó que tenía la autoridad para finalizar estos programas de "libertad condicional categórica". Según una orden de enero emitida por Trump, se instruyó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a cesar todos los programas de este tipo, alegando que eran contrarios a las políticas establecidas.  

El Procurador General D. John Sauer defendió ante la Corte Suprema que la Ley de Inmigración y Nacionalidad otorga al Secretario de Seguridad Nacional la facultad de revocar la libertad condicional. Sostuvo que la jueza de distrito que inicialmente bloqueó la medida se había extralimitado en sus funciones.

En una notable opinión disidente, la jueza Ketanji Brown Jackson, acompañada por la jueza Sonia Sotomayor, expresó su desacuerdo. Jackson argumentó que el tribunal superior "claramente falló" y subestimó las "consecuencias devastadoras" que esta decisión tendría sobre casi medio millón de personas. Afirmó que el gobierno no demostró adecuadamente el daño que justificaría la suspensión del bloqueo anterior y que la finalización del programa tendría un impacto drástico en las vidas y sustentos de los afectados.

Con esta luz verde de la Corte Suprema, la administración Trump puede avanzar en la finalización del programa CHNV, incluso mientras continúan otras demandas legales. Esto crea un panorama de gran incertidumbre para los más de 500,000 inmigrantes que dependían de esta protección. Sus permisos temporales podrían no ser renovados o ser revocados, lo que los expondría a un posible riesgo de deportación.

La jueza Indira Talwani, quien emitió la orden de bloqueo en abril, había señalado que terminar anticipadamente el estatus legal de extranjeros que cumplieron con los requisitos del DHS y entraron legalmente, sin una justificación caso por caso, "socava el estado de derecho". Este nuevo fallo de la Corte Suprema parece ir en dirección contraria a esa apreciación inicial.

Esta decisión no es un hecho aislado. A principios de este mes, la corte ya había permitido a la administración Trump retirar protecciones contra la deportación a unos 350,000 inmigrantes venezolanos bajo otro esquema. Estos movimientos sugieren un endurecimiento en la política migratoria y un enfoque en limitar los programas de parole humanitario.  

La situación actual deja a muchas familias y comunidades en vilo, esperando claridad sobre los próximos pasos y el impacto final en sus vidas. La comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos observan de cerca, preocupadas por el bienestar de estas poblaciones vulnerables. El debate sobre la política migratoria, la autoridad ejecutiva y la protección humanitaria seguramente continuará siendo un tema central en el discurso público.