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Plan contra Abinader: diez investigados en el expediente
El plan contra Abinader tiene desde este sábado diez investigados con nombre y apellido: la solicitud de medida de coerción del Ministerio Público, contenida en un expediente de 57 páginas, vincula a diez personas con la supuesta estructura que habría preparado un atentado terrorista contra el presidente Luis Abinader.
El cambio se ve al comparar con la historia conocida esta semana. El caso nació con un solo detenido, Delvinson De la Cruz Sosa, apresado el martes en San Francisco de Macorís y acusado de terrorismo. El documento de coerción amplía el foco: describe funciones repartidas, reuniones, mensajes y una fecha concreta para el supuesto ataque.
El ataque, de acuerdo con el expediente, estaba previsto para el viernes 6 de noviembre, durante los actos del Día de la Constitución en las instalaciones del Congreso Nacional. Ese día el país conmemoraba los 182 años de la primera Constitución, firmada en San Cristóbal en 1844.
De la Cruz Sosa fue apresado el martes 3 de noviembre en un apartamento de la calle Joaquín Balaguer, en el sector Vista del Valle de San Francisco de Macorís, en un allanamiento autorizado por la jueza Josefina Noemí Díaz Marte.
Los diez nombres que trae el expediente
El expediente señala a De la Cruz Sosa, de 29 años, como figura central de la trama y coordinador presunto de parte de las acciones. Junto a él figuran Leomar Antonio Brens Moya, Michael García, Sucette Franshelle Miqui Salcedo, Sobeida María Baldera Peña, Robinzon Montero Montero, Miguel Odanis Peralta Susana, Ismael Amadis Torres, Ramón Antonio Olaverría Rosario e Isaac Rafael Encarnación.
A Brens Moya le atribuye haber hablado de preparar un ataque por sorpresa contra el mandatario. A Miqui Salcedo, residente en Estados Unidos, le atribuye reclutar personas en ese país y promover su participación en movilizaciones. Encarnación, conocido como «La Fórmula», y Olaverría Rosario, alias «El Teca», figuran entre quienes presuntamente coordinaban reuniones y asignaban tareas. Baldera Peña aparece como supuesta administradora de un grupo de WhatsApp usado para convocar protestas.
El Ministerio Público atribuye al grupo responsabilidades repartidas: convocar encuentros, repartir encargos, sumar integrantes e impulsar protestas. Esa descripción convierte un caso que empezó con las amenazas atribuidas a una persona en una investigación sobre una estructura con roles definidos dentro y fuera del país.
Mensajes sobre explosivos y desplazamientos del mandatario
El expediente identifica a De la Cruz Sosa como presunto administrador de un grupo de Telegram llamado «Trinitarios Élite». En ese espacio, de acuerdo con las indagatorias, los participantes habrían intercambiado mensajes sobre la preparación de artefactos explosivos, datos de los desplazamientos del mandatario y una eventual ruta de escape tras las detonaciones.
Las autoridades identificaron una cuenta de Instagram vinculada al principal señalado y un grupo de WhatsApp denominado «Élite Privado», que presuntamente servían para convocar protestas, sumar gente al grupo y circular consignas antigubernamentales. El 14 de octubre, varios integrantes trasladaron sus conversaciones a Zangi, una aplicación de mensajes con códigos de identificación, movida que el expediente atribuye a la búsqueda de mayor privacidad.
La calificación provisional que trae la solicitud es asociación de malhechores y tentativa de actos de terrorismo, en perjuicio del Estado dominicano. Para De la Cruz Sosa el Ministerio Público pide tres meses de prisión preventiva como medida de coerción.
Del grupo completo solo hay dos detenidos: De la Cruz Sosa, preso desde el martes, y Brens Moya, que se entregó por su cuenta la noche del jueves y todavía no ha sido judicializado. Los otros ocho mencionados en el expediente no han sido apresados.
Nada de esto es una sentencia. Son imputaciones del órgano acusador, escritas en una solicitud que un juez todavía debe conocer, y cada señalado conserva su derecho a defenderse. El expediente, con sus 57 páginas y sus diez nombres, queda en manos del tribunal de atención permanente de la provincia Duarte.
Fuente: El Informante
Leandro Roman
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