El PLD exige al Gobierno responder por la alerta

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) exigió este lunes al Gobierno una respuesta seria y transparente ante la alerta de seguridad que la Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo emitió el 30 de octubre, donde advierte a sus ciudadanos de un patrón de robos y agresiones sexuales contra viajeros que, en varios casos, fueron drogados sin su consentimiento.

La posición la presentó el vicepresidente del partido, Yvan Lorenzo, en rueda de prensa. «Cuando las autoridades transmiten mensajes de tranquilidad sin reconocer las amenazas que persisten, comprometen la credibilidad de las instituciones», expresó. Para los peledeístas, el aviso contradice el discurso que da por controlada la delincuencia.

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La alerta que origina el reclamo, publicada por la Embajada el 30 de octubre y reseñada entonces por este medio, dice que la legación recibe informes periódicos de viajeros, incluidos ciudadanos estadounidenses, que fueron drogados y luego sufrieron robos, agresiones sexuales o ambos delitos a la vez.

El patrón empieza con contactos por aplicaciones de citas o en bares y discotecas, y los ataques se producen en viviendas privadas, incluidos los alquileres de corta duración, y en hoteles y moteles. El aviso no ofrece cifras ni señala provincias, y el nivel de precaución que Washington mantiene para el país sigue en 2. El aviso íntegro quedó reseñado en la nota de este medio sobre la alerta.

Lo que el PLD reclama al Gobierno

El primer reclamo pide que el Gobierno explique los casos detrás de la advertencia, cuidando la identidad de las víctimas, y detalle las investigaciones en curso y las medidas adoptadas. El segundo exige estadísticas completas, comparables y verificables, separadas por delito y por territorio, con metodologías claras, y que Interior y Policía publique datos reales y actualizados de los delitos contra extranjeros.

El pliego suma encuestas periódicas de victimización, para saber cuántos delitos quedan sin denuncia, y un plan que ordene la prevención, la investigación y la atención a las víctimas, que fije responsables, plazos e indicadores públicos de cumplimiento. También demanda un marco legal más estricto para los alquileres turísticos de corta estancia, con registro obligatorio de huéspedes y estándares mínimos de seguridad.

Frente a ese patrón, Lorenzo planteó que la respuesta pasa por regular el alquiler turístico con requisitos mínimos de seguridad, por un protocolo toxicológico y por la cadena de custodia a cargo de Politur y el Ministerio Público. Lo resumió en una frase: «no con más patrullas en el malecón». En la misma comparecencia aseguró que el Gobierno «fracasó» en materia de seguridad ciudadana.

El vicepresidente peledeísta ató el debate a la imagen del país: sostuvo que la delincuencia de los barrios ya alcanza al turismo y a la reputación internacional de República Dominicana, construida con años de inversión en marca país. El partido se declaró comprometido con el turismo y pidió que la seguridad ciudadana reciba la máxima prioridad, con énfasis en los polos turísticos.

Como respaldo, el partido citó tres mediciones de opinión. De acuerdo con Latinobarómetro 2026, el 57 % de los dominicanos dice que la preocupación por ser víctima de un delito es constante, y la encuesta de ACD Media de octubre situó la delincuencia y la inseguridad como el problema más citado del país, con el 21,6 % de las menciones.

RD Elige reportó en septiembre que el 71,3 % de los consultados juzgaba mala la situación de seguridad del país. Son indicadores distintos, con preguntas distintas, que el PLD presenta como una misma preocupación ciudadana que el Gobierno debe escuchar, en vez de descalificarla como simple percepción.

El documento cierra con la exigencia de «que cada delito se cuente, que cada muerte se investigue», junto al reclamo de que la seguridad de quien vive aquí valga tanto como la de quien visita el país. Al cierre no consta respuesta del Gobierno: Presidencia, Interior y Policía, Turismo y Cancillería no se habían pronunciado. Tampoco lo hubo el 30 de octubre, cuando la alerta se conoció.

Fuente: El Espía