Notario destituido por terreno en Miches de 201,958 metros
El notario destituido Demetrio Severino, de La Romana, perdió su función tras dar fe de la firma de la venta de un terreno en Miches de 201,958.3 metros cuadrados, en sentencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia que cerró un expediente de una década.
La sentencia núm. SCJ-PL-26-00006, dictada el 1 de octubre de 2026, rechazó la apelación del notario y acogió el recurso incidental de los continuadores jurídicos del fallecido Omar Saleh Alhamdy. La suspensión de un año que pesaba sobre Severino quedó sustituida por la destitución definitiva, que corre desde su notificación.
Para el Pleno, Severino violó los artículos 8, 56 y 61 de la Ley 301, la norma de Notariado vigente en los hechos. La sentencia recuerda que quien ejerce como notario actúa como oficial público: certifica firmas y responde por la legalidad y la certeza de cada acto que instrumenta.
Un contrato de 2006 con una firma que no era del vendedor
El papel en disputa data del 5 de agosto de 2006. Omar Saleh Alhamdy aparecía vendiendo a Juan de la Rosa Sánchez una porción de 201,958.3 metros cuadrados en Miches, provincia El Seibo, por RD$2,464,107.20. Es la parcela 11-A-3-A-2-B, del distrito catastral 48/1 de ese municipio.
La cobertura de Ventana Digital detalla que la querella llegó el 8 de enero de 2016, firmada por Yousef Mohammed Almubarak, Alanoud Omar Alhamdy, Jawharah Omar Alhamdy y Alateeki Maha Saleh Alhamdy. La denuncia decía algo grave: la firma del vendedor era falsa y Alhamdy ni siquiera estaba en el país cuando se vendió.
El Instituto Nacional de Ciencias Forenses examinó la firma dos veces, con conclusiones opuestas. En su informe del 17 de abril de 2015, la rúbrica del contrato no coincidía con la del pasaporte de Alhamdy. En el segundo estudio, del 4 de noviembre de 2018, la firma sí calzaba con otros documentos de comparación.
La Suprema Corte se quedó con el primer informe, porque su comparación partió de un documento oficial, el pasaporte. Pesó también un dato de la Dirección General de Migración: entre el 1 de enero de 2005 y el 31 de diciembre de 2014, Alhamdy no registraba entradas ni salidas en el sistema.
El expediente volvió tras la anulación del Constitucional
El primer fallo llegó en noviembre de 2017: la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís suspendió al notario por un año. El 27 de marzo de 2019, el Pleno lo destituyó. La sentencia TC/0339/22 del Tribunal Constitucional, documento primario del caso, devolvió el caso al punto de partida.
Ese fallo, del 26 de octubre de 2022, anuló la destitución por un motivo de forma: nadie respondió la petición de Severino de reabrir los debates. El expediente volvió a la Suprema Corte, que oyó a las dos partes y falló en firme el 1 de octubre de 2026.
Otra pieza cayó antes. Con la sentencia núm. 202200152, del 2 de agosto de 2022, el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Este anuló el contrato de 2006 y lo dejó sin efecto frente a los continuadores jurídicos del vendedor.
Al cerrar el caso, el Pleno no encontró prueba de que el vendedor estuviera en suelo dominicano al instrumentarse el contrato; para el tribunal, la firma se estampó sin la presencia del notario. Esa conducta, escribió el tribunal, quebró la fe pública y configuró una falta de extrema gravedad.
Ahí está el peso real del caso: la firma ante notario sostiene actos tan cotidianos como la entrega de títulos de propiedad en El Almirante, y cuando esa fe falla, cada documento que descansa en ella queda en duda.
El fallo se comunicará al Colegio Dominicano de Notarios, al procurador general y a las partes, y saldrá en el Boletín Judicial. Para la familia Alhamdy, el cierre llega con el contrato anulado desde 2022 y la destitución firme.
Fuente: Ventana Digital
Leandro Roman
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