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La solicitud de juzgar a los hermanos Espaillat por homicidio voluntario en el caso Jet Set provocó un choque frontal en los tribunales del Distrito Nacional.
La barra de la defensa, encabezada por el abogado Jorge Luis Polanco, acudió este viernes a la Cuarta Sala Penal para rebatir la solicitud presentada por los familiares de las víctimas. El planteamiento de los querellantes busca dejar atrás la imputación inicial de homicidio involuntario y aplicar la figura de dolo eventual, amparada en los artículos 295, 52, 59 y 60 del Código Penal dominicano.
El magistrado Franny González Castillo fue categórico al marcar la dimensión del debate: si admite la variación jurídica, el techo de castigo cambiaría de apenas 2 a un máximo de 30 años de prisión.
La tragedia, que dejó 236 muertos y más de 180 heridos por el desplome del techo del establecimiento, entra así en su momento de mayor tensión judicial.
El choque en estrados por la acusación original
Los abogados defensores sostienen que modificar los cargos a estas alturas vulnera el principio de congruencia y desborda los hechos admitidos por el Ministerio Público en febrero.
Polanco argumentó ante el tribunal que no existen elementos probatorios para atribuir una intención criminal deliberada a Antonio y Maribel Espaillat. La defensa insiste en que los propietarios nunca advirtieron de las fallas estructurales con la certeza de que ocurriría un colapso.
Los querellantes mantienen otra postura. Según la cobertura judicial de fvdigital.do, los testimonios de los empleados del local confirmaron comunicaciones y alertas previas a la noche del siniestro que habrían sido desoídas por la administración.
Para los representantes de las familias afectadas, continuar el juicio con una simple correccional de dos años constituye una burla a la memoria de más de dos centenares de víctimas.
Aceptar la figura penal más severa tendría consecuencias procesales inmediatas para el tribunal de Ciudad Nueva.
La Cuarta Sala Penal, como órgano unipersonal, carece de competencia para juzgar crímenes con sanciones que alcanzan tres décadas de reclusión. Admitir el homicidio voluntario obligaría a remitir de inmediato el expediente a un Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, reiniciando los turnos de debate y la presentación de peritajes técnicos de ingeniería.
Los imputados presenciaron la réplica jurídica desde sus asientos, conscientes de que su estatus de libertad bajo fianza podría derrumbarse si el caso pasaba al escalón criminal superior.
El juez González Castillo debe decidir si acoge los alegatos de los querellantes o si ratifica el pliego del Ministerio Público para emitir el fallo en juicio unipersonal. Su resolución determinará si los hermanos Espaillat continúan respondiendo por una falta de negligencia o si enfrentan un banquillo con penas de reclusión mayor.
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