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Aguadilla sin fondos federales por declararse ciudad santuario
El municipio de Aguadilla enfrenta una dura medida tras un audaz paso en su política migratoria. La decisión de convertirse en una “ciudad santuario” ha provocado que el Departamento de Seguridad Pública (DSP) de Puerto Rico le retire importantes fondos federales, generando un intenso debate sobre humanidad, ley y autonomía municipal. Esta acción pone sobre la mesa las complejas tensiones entre las políticas locales y las directrices federales en materia de inmigración.
La controversia se encendió el pasado 26 de junio, cuando el alcalde Julio Roldán Concepción firmó la Ordenanza 82. Esta legislación limita de manera significativa la colaboración de la policía municipal y otros funcionarios con agencias federales de inmigración, como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Según la ordenanza, dicha cooperación solo será posible si existe una orden judicial de por medio o una amenaza inminente a la seguridad pública, priorizando así la protección de la comunidad inmigrante.
La respuesta de las autoridades no se hizo esperar. El DSP, actuando como intermediario de los fondos federales, determinó que la nueva política de Aguadilla incumple con los requisitos de cooperación interagencial. Estos requisitos son una pieza clave del programa Operación Stonegarden (OPSG), una iniciativa financiada por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos que busca reforzar la seguridad en las zonas fronterizas.
Como consecuencia directa, se canceló el acceso del municipio a una suma considerable de dinero. Específicamente, se retiraron $150,000 correspondientes al año fiscal 2023 y otros $95,903 del año fiscal 2024. Desde el municipio, el portavoz José Cruz ha confirmado la recepción de la notificación y aclaró que, si bien el impacto está siendo analizado, técnicamente los fondos no se habían solicitado formalmente todavía. Por lo tanto, más que una retirada, es una denegación a la oportunidad de solicitarlos en el futuro.
Una postura de "humanidad y dignidad"
A pesar de las repercusiones económicas, el alcalde Roldán Concepción defiende firmemente su decisión. Ha calificado la ordenanza como un “acto de humanidad, solidaridad y respeto a la dignidad”, asegurando que con esta medida se están posicionando “en el lado correcto de la historia”. Esta valiente postura refleja un creciente movimiento que busca ofrecer un refugio seguro a las comunidades de inmigrantes, quienes a menudo viven bajo el temor de la deportación y la separación de sus familias.
Para reforzar esta política, el alcalde también firmó una segunda ordenanza, la número 83, que establece la creación de un equipo especializado para responder a redadas o intervenciones federales con migrantes en el municipio. Esta medida busca garantizar que los derechos de todas las personas sean respetados, sin importar su estatus migratorio.
La situación en Aguadilla no es un caso aislado en la isla. El municipio de Hormigueros también se declaró “ciudad santuario” en junio, utilizando un modelo de ordenanza similar, diseñado por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Puerto Rico. Estas acciones ponen de manifiesto una creciente preocupación por el trato a las comunidades inmigrantes en Puerto Rico, compuestas en su mayoría por personas de origen dominicano, quienes han sido particularmente afectadas por las políticas migratoriales.
Según datos recientes, de las 445 personas detenidas en Puerto Rico hasta mayo, un abrumador 72%, es decir, 320 individuos, eran de nacionalidad dominicana. Este contexto subraya la urgencia que sienten algunos líderes locales de actuar para proteger a sus residentes.
Fuente: Diario Libre
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