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Ataques a barcos. Esas tres palabras dominan la conversación en el Caribe y Washington. Donald Trump tiene un escudo legal casi impenetrable. La Corte Suprema le otorgó inmunidad por actos oficiales mientras esté en el cargo. Pero, ¿qué pasa con los hombres que siguieron las órdenes?
La sangre corrió en septiembre en nuestras aguas. Personas aferradas a una supuesta lancha de drogas fueron eliminadas. Nadie duda de quién dio la orden final. Pero la pregunta que quema hoy es: ¿La inmunidad del presidente cubre a quienes apretaron el botón?
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El laberinto legal de los militares
Donald Trump no pisará un tribunal por esto. Su inmunidad es clara. Sin embargo, la situación se complica bajando la escalera de mando.
¿Se transfiere esa protección al Secretario de Defensa, Pete Hegseth? Él ordenó destruir la embarcación para que no quedara nadie, aunque niega haber ordenado el segundo ataque específico contra los sobrevivientes en el agua.
¿Qué ocurre con el almirante Frank Bradley? Los reportes indican que él sí ordenó el segundo ataque tras consultar con un abogado. ¿Y los miembros del SEAL Team Six que ejecutaron la acción?
Expertos legales ven el segundo ataque —contra gente desarmada en el agua— como un asesinato. Pero aquí entra la realidad política: es difícil imaginar que el Departamento de Justicia de Trump busque castigar a su propia gente. Y si la ley militar intentara algo, el presidente siempre tiene la carta del indulto bajo la manga. Puede perdonar a quien quiera.
¿Guerra o crimen en el Caribe?
Lo que preocupa a muchos es la justificación. Un ex abogado militar, el mayor general Steven Lepper, lanzó una crítica dura. Según él, hablar de "leyes de guerra" es un error porque Estados Unidos no está en guerra en el Caribe.
Lepper fue claro con CNN: el uso de la fuerza militar es ilegal bajo este contexto. La administración Trump intenta equiparar la entrada de drogas con una amenaza armada, pero la ley estadounidense no funciona así. Disparar a una lancha no es combatir en un frente de batalla.
La presión internacional y el silencio de EE. UU.
¿Cómo afecta a los usuarios de RD y LatAm?
La sensación de inseguridad crece. Una familia colombiana ya llevó su queja a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la muerte del pescador Alejandro Carranza. Buscan reparaciones.
Pero la historia nos dice que Washington suele ignorar estos tribunales.
Brian Finucane, ex asesor del Departamento de Estado, sugiere que la única rendición de cuentas a corto plazo vendrá del Congreso. Los legisladores están investigando y podrían presionar para detener esta "ola de asesinatos en el mar".
Mientras tanto, el Comando Sur reportó otro ataque este mismo jueves. La maquinaria no se detiene.
¿Justicia internacional? Un camino cerrado
Existe la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya. Juzga crímenes de guerra. Pero Estados Unidos no juega bajo esas reglas. Bill Clinton firmó el tratado en el 2000, pero el Senado nunca lo ratificó. George W. Bush incluso firmó una ley para proteger a los militares estadounidenses de cualquier arresto por parte de este tribunal.
La administración Trump es aún más hostil. Ya han sancionado a miembros de la corte anteriormente. Aunque la CPI emita órdenes de arresto —como hizo con Vladimir Putin—, Washington no entregará a los suyos.
Italia logró condenar a operativos de la CIA en 2009 por secuestros en Milán, pero los estadounidenses nunca pisaron la cárcel. Se convirtieron en fugitivos en papel, sin consecuencias reales.
La realidad hoy es dura para las familias de las víctimas. La justicia parece inalcanzable mientras la política y la inmunidad presidencial blinden las operaciones en el mar.
Fuente: CNN
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