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Las cárceles dominicanas operan con un hacinamiento récord: 23,270 personas ocupan recintos construidos para 16,357, una ocupación de 142.26% al cierre de 2025.
La cifra deja 6,913 internos por encima del cupo real. La Oficina Nacional de Defensa Pública presentó el dato en su informe sobre Condiciones de Detención y Prisión 2025, en el auditorio de la Suprema Corte de Justicia, en Santo Domingo.
Rodolfo Valentín Santos, director de la institución, encabezó la presentación y apuntó a una causa repetida en cada recinto visitado: el uso extendido de la prisión preventiva empuja la población hacia arriba y deja las celdas sin espacio.
Prisión preventiva: seis de cada diez esperan sentencia
De las 23,270 personas recluidas, 15,025 permanecían en prisión preventiva, el 64.57% del total. Otras 8,156, el 35.43%, cumplían condenas definitivas. La mayoría duerme tras las rejas sin que un juez haya dictado sentencia en su caso.
«La prisión preventiva debe ser una medida excepcional y no la regla», afirmó Valentín Santos. Una medida pensada para casos puntuales terminó convertida en la puerta de entrada habitual al sistema.
El peso de esa práctica se siente en la gestión diaria. Con celdas llenas de personas en espera de audiencia, los traslados a tribunales compiten con los traslados a hospitales, y la Defensa Pública documentó recintos con un solo vehículo para mover a cientos de internos. Las audiencias se aplazan. Las consultas médicas también.
El control interno carga con la misma presión. El debate sobre la seguridad dentro de las prisiones ya pasó por los bloqueadores de señal en las cárceles de RD, un plan ligado a la Procuraduría para cortar las comunicaciones ilícitas desde los pabellones.
Dormir en el suelo, entre pasillos y goletas
Elizabeth Rodríguez, coordinadora de la Comisión de Cárceles de la Defensa Pública, explicó que numerosos privados de libertad duermen en el suelo, en pasillos y debajo de los camarotes. Otros arman estructuras improvisadas conocidas como «goletas» para ganar un palmo de espacio donde pasar la noche.
La población recluida la forman 22,563 hombres, el 96.96%, y 707 mujeres, el 3.04%. Para ellas, la Defensa Pública pidió políticas diferenciadas conforme a las Reglas de Bangkok. Para los adolescentes en conflicto con la ley penal reclamó atención especial bajo las Reglas de Beijing.
El informe documentó fallas fuertes en salud: faltan medicamentos, faltan equipos médicos y la atención a la salud mental queda corta. La alimentación presenta carencias en varios recintos. La cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Santiago salió mal parada en el levantamiento, con insalubridad, humedad, deterioro estructural y presencia de plagas.
Las cárceles dominicanas cargan con ese hacinamiento en cada servicio básico: cada cama, cada ración de comida y cada consulta médica se reparte entre más personas de las previstas cuando se construyeron los recintos.
Las Parras y el cierre de La Victoria aparecen entre los avances
La Defensa Pública reconoció movimientos en marcha. El cierre técnico de la Penitenciaría Nacional de La Victoria avanza y el traslado gradual de internos al Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, en San Antonio de Guerra, ya mueve a miles de reclusos fuera del recinto más congestionado del país.
El documento valoró la construcción de nuevos centros penitenciarios y el fortalecimiento de programas educativos y de capacitación. También recogió las gestiones para levantar un centro destinado a adolescentes en La Vega.
Valentín Santos cerró su intervención con una idea que quedó flotando en el auditorio: el trato que recibe una persona privada de libertad refleja el compromiso de una sociedad con la dignidad humana y con el Estado de derecho.
La pelota queda en la cancha de los jueces que revisan las medidas de coerción, de los equipos que preparan las próximas fases de Las Parras y de las autoridades que deben responder al expediente de Santiago. El informe ya está sobre la mesa de la Suprema Corte.
Fuente: DiarioDigitalRD
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