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El sistema judicial dominicano enfrenta un nuevo sismo técnico tras el pedido formal de nulidad contra el expediente Calamar. Los abogados de Gonzalo Castillo no se anduvieron con rodeos frente a la jueza Altagracia Ramírez: el proceso, dicen, nació torcido.
La tesis de la defensa se apoya en una premisa que cuestiona la ética de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), acusándola de fabricar un traje a medida para proteger a los verdaderos artífices del desfalco mientras mantienen al exministro en el banquillo.
Es una jugada de alto riesgo mediático y legal. Laura Acosta, Nassef Perdomo y Luis Rivas aseguran que el Ministerio Público ha incurrido en un fraude procesal. ¿Cómo? Señalando que se persigue a alguien que no estuvo en la escena de los hechos, mientras que los rostros que admitieron haber organizado la estructura caminan libres gracias a criterios de oportunidad que hoy se ven más como privilegios que como herramientas de justicia.
La acusación fuera de plazo es el punto donde la defensa ha apretado el acelerador. Según los registros, el límite era el 30 de abril de 2024. El Ministerio Público dice que depositó el 25 de abril, pero los papeles del propio tribunal no cuadran.
El laberinto de fechas en el Cuarto Juzgado
Cuesta ignorar las contradicciones documentales que han saltado en la audiencia preliminar. Por un lado, una oficina certifica una entrega, pero el juzgado que realmente debe procesar los documentos dice que no vio ni los folios ni las pruebas hasta mediados de mayo. Esta desconexión administrativa no es un detalle menor; es la base para alegar un desacato judicial.
La defensa presentó certificaciones que dejan mal parado al órgano acusador. El Cuarto Juzgado de la Instrucción fue enfático: el expediente llegó directamente de manos del Ministerio Público el 14 de mayo de 2025. Si los plazos en derecho penal son sagrados, este desfase de semanas podría ser el talón de Aquiles de un caso que busca recuperar más de RD$19,000 millones.
Parece claro que la estrategia de la PEPCA ha sido apostar todo a los testimonios de quienes "cantaron". Sin embargo, para los abogados de Castillo, esos testigos —como Fernando Crisóstomo, Ramón Emilio Jiménez (Mimilo) y José Arturo Ureña— no son colaboradores, sino los dueños del entramado que fueron excluidos convenientemente.
Testigos protegidos bajo la lupa
La mención de Carlos Báez Batista, exgerente bancario, introdujo un elemento de tensión adicional. Según la defensa, existen conversaciones de WhatsApp que muestran una coordinación previa entre los implicados y sectores influyentes de la Procuraduría, incluso antes de que el proceso llegara a manos de un juez.
"De acuerdo con un reporte de EFE sobre casos de corrupción en la región, la figura del colaborador eficaz suele ser el punto más débil de las macrocausas cuando no se sustenta con pruebas independientes", y en Calamar, esa parece ser la grieta que la defensa intenta ensanchar. ¿Es justicia castigar al político mientras se perdona al operativo que manejó el efectivo?
La defensa sostiene que el Ministerio Público protegió a quienes retiraban sumas millonarias en efectivo para señalar a Castillo, quien asegura no haber participado en esas operaciones. Esta narrativa busca desmantelar la credibilidad de la acusación antes de llegar a un juicio de fondo.
Un viernes decisivo para el expediente
La magistrada Altagracia Ramírez decidió hacer una pausa y reprogramar la continuación para este viernes. No es solo Castillo quien se juega el futuro; en la fila esperan las defensas de Donald Guerrero y José Ramón Peralta, quienes también observan con atención si la jueza dará paso a la nulidad o si el caso Calamar seguirá navegando hacia el juicio.
No se trata solo de un expediente técnico, sino del manejo de la justicia en casos de alto perfil. ¿Se respetaron los plazos o hubo un maquillaje de fechas para salvar la acusación? La respuesta a esa pregunta definirá si el caso más ambicioso de los últimos años se mantiene en pie o si las fallas de forma terminan sepultando el fondo. El viernes la jueza tendrá que decidir si el proceso está viciado de origen.
¿Será capaz el tribunal de ignorar las inconsistencias en las fechas de depósito del expediente?
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