Caso Jet Set: Víctimas apelan libertad de acusados

En un giro que ha reavivado el dolor de cientos de familias, más de 75 víctimas de la tragedia en la discoteca Jet Set han formalizado un recurso de apelación contra la decisión judicial que otorgó la libertad a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat.

Ellos son los principales señalados en el proceso por el colapso que se cobró la vida de 235 personas. La comunidad sigue de cerca cada paso de este caso, esperando que la justicia actúe con la firmeza que la magnitud del desastre demanda, mientras los afectados sienten que la reciente medida es un paso atrás en su búsqueda de respuestas y responsabilidad.

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La acción legal fue confirmada por el abogado Plutarco Jáquez, quien representa a una parte importante de los querellantes. Hace aproximadamente dos semanas, su equipo legal depositó el documento ante la corte, buscando anular las medidas de coerción dictadas por el Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional. Según lo informado por fuentes como El Nuevo Diario, el recurso se fundamenta en el descontento y la sensación de desprotección de las víctimas, quienes consideran que las sanciones impuestas a los hermanos Espaillat no se corresponden con la gravedad de los hechos ni garantizan que los imputados permanezcan vinculados al proceso judicial de manera efectiva. El clamor es uno solo: una revisión profunda y la aplicación de medidas más severas.

La jueza Fátima Veloz fue quien dictó el auto que ha generado tanta controversia. La decisión consistió en imponer a los hermanos Espaillat una garantía económica de 50 millones de pesos, la obligación de presentación periódica ante las autoridades y un impedimento de salida del país. Para los casi 200 heridos y los familiares de los fallecidos, estas medidas son insuficientes. Sienten que la libertad de los acusados, aunque condicionada, minimiza la pérdida de sus seres queridos y el trauma que ellos mismos continúan enfrentando. La percepción general es que la justicia ha sido demasiado benévola, lo que ha impulsado esta movilización para apelar la decisión y exigir que se reconsidere el riesgo procesal y la magnitud del daño causado.

La lista de fallecidos incluyó no solo al artista y a sus músicos, sino también a importantes empresarios, figuras del deporte, políticos y empleados del propio centro nocturno. La tragedia no distinguió y dejó un vacío inmenso en diversos sectores de la sociedad dominicana. Cada audiencia y cada decisión judicial reabre la herida para quienes perdieron a alguien esa noche o sobrevivieron para contar una historia de terror y negligencia.

El Ministerio Público ha calificado los hechos como homicidio involuntario. Esta figura legal se aplica cuando se considera que las muertes no fueron intencionales, pero sí consecuencia directa de una negligencia grave o de la falta de cumplimiento de las normas de seguridad. La acusación se centra en que los propietarios del local, los hermanos Espaillat, habrían ignorado las advertencias sobre el estado de la infraestructura o no realizaron el mantenimiento adecuado para garantizar la seguridad de los asistentes y empleados. El caso busca sentar un precedente sobre la responsabilidad de los dueños de establecimientos públicos.

Con la presentación de la apelación, el expediente ha sido enviado a la Tercera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Ahora, esta instancia será la encargada de estudiar los argumentos presentados tanto por los querellantes como por la defensa de los imputados. El siguiente paso será la fijación de una fecha para la audiencia, donde todas las partes podrán exponer sus puntos de vista ante un nuevo panel de jueces.

Fuente: El Nuevo Diario