En el corazón de la República Dominicana, en la provincia Sánchez Ramírez, se desarrolla una tensa situación. Comunidades del distrito municipal de Zambrana, en Cotuí, se mantienen firmes en su lucha contra la empresa minera Barrick Gold. El conflicto se centra en la protección de su recurso hídrico más vital: el río El Naranjo. Recientes acciones de la compañía han encendido las alarmas y fortalecido la determinación de los residentes locales para defender lo que consideran su hogar y su futuro.

La controversia actual tiene sus raíces en los planes de expansión de Barrick Gold en la zona. La empresa minera necesita espacio para sus operaciones, incluyendo la construcción de una nueva presa de colas (un depósito diseñado para almacenar los desechos tóxicos del proceso minero) y una carretera de acceso. El lugar elegido para estos proyectos es, lamentablemente para los residentes, la cabecera del río El Naranjo.

Este río no es un curso de agua cualquiera. Es la única fuente de agua potable y para la agricultura para al menos seis comunidades: El Naranjo, Rayo, Laguna Arriba, La Piñita, La Cerca, Arroyo Vuelta, Laja y Las Tres Bocas. Para cientos de familias, el río representa vida, sustento y la base de su arraigo a la tierra por generaciones. La idea de que la fuente de este río sea intervenida, y potencialmente contaminada o disminuida por la actividad minera y la deforestación asociada, es inaceptable para ellos. La capa boscosa en la cabecera del río actúa como un filtro natural y un regulador del flujo de agua, esencial para mantener la calidad y cantidad del recurso.

La tensión aumentó drásticamente en los últimos días. Según reportes de los propios comunitarios, personal de Barrick Gold, acompañado de equipos pesados como motosierras y con presencia militar, ingresó a la montaña en la madrugada, alrededor de las 5:00 AM. El objetivo era claro: talar árboles en la zona donde nace el río El Naranjo.

No era la primera vez. Los residentes afirman que esta fue la tercera incursión de la semana con el propósito de despejar el bosque. Sin embargo, en esta ocasión, la operación pareció ser de mayor escala, con más personal involucrado. Esta acción fue percibida por los comunitarios no solo como un ataque a su medio ambiente, sino como una provocación directa y una muestra de desdén hacia sus preocupaciones y su presencia.

Anticipando posibles acciones de la empresa, y decididos a proteger activamente su territorio, un grupo de hombres y mujeres de las comunidades afectadas había tomado una medida preventiva significativa. Instalaron un campamento permanente en un punto estratégico de la montaña. Su misión: vigilar día y noche para impedir el avance de la minera hacia el bosque y prevenir lo que describen como la "destrucción de su ecosistema".

La madrugada de la última tala, los vigilantes del campamento oyeron el ruido de las motosierras. Inmediatamente, se movilizaron hacia el lugar y pidieron refuerzos. Decenas de vecinos acudieron rápidamente al llamado. Se interpusieron entre las máquinas y el bosque, logrando detener temporalmente el corte de árboles. Durante esta confrontación, los comunitarios denuncian haber sido objeto de maltrato verbal por parte del personal de la empresa y sentirse intimidados, alegando que fueron amenazados y apuntados con armas. Este encuentro tenso dejó claro el nivel de desesperación y determinación en ambos lados.

Tras el incidente, la conmoción y la indignación llevaron a los comunitarios a reunirse en asamblea general. Era necesario evaluar la situación y decidir los próximos pasos. El sentimiento predominante era de urgencia y de la necesidad de tomar acciones más contundentes.

De esta asamblea surgió una resolución firme: a partir del día siguiente, paralizarían todas las operaciones de Barrick Gold en la zona que afectaran su territorio. Esto significaba impedir el paso de cualquier vehículo de la empresa, desde maquinaria pesada hasta camionetas de supervisión. La decisión marcó un punto de inflexión, pasando de la vigilancia pasiva a la resistencia activa y directa.

Además de detener los trabajos, la asamblea reafirmó otras demandas cruciales:

1. El cese inmediato de la tala y cualquier trabajo preparatorio para la presa de colas y la carretera en la zona del río.
2. Un proceso de reasentamiento justo y digno para las familias que inevitablemente serían desplazadas por la expansión minera.
3. Una compensación económica adecuada y justa por sus tierras, cultivos y el impacto en sus medios de vida.

La situación es volátil. Mientras los comunitarios estaban reunidos discutiendo su estrategia, recibieron noticias de que Barrick Gold intentaba continuar los trabajos de desmonte en otro punto de la montaña, buscando avanzar con la construcción de la carretera. Esto reforzó la percepción de los residentes de que la empresa actúa con sigilo y aprovecha cualquier oportunidad para seguir adelante con sus planes, ignorando el diálogo o la oposición local.

La respuesta fue inmediata: grupos de comunitarios se dirigieron a ese nuevo frente de trabajo, exigiendo la retirada de las máquinas y el personal. Este patrón de acción y reacción subraya la profunda desconfianza existente.

Un elemento central en el discurso de los comunitarios es su sentimiento de abandono por parte de las autoridades estatales. Afirman haber perdido la fe en el Estado dominicano, al que acusan de mantenerse "silente" y pasivo ante una situación que afecta gravemente a cientos de familias y al medio ambiente local. Sienten que sus derechos y preocupaciones no están siendo escuchados ni defendidos por quienes deberían protegerlos.

El ambiente está cargado de tensión y preocupación por el futuro. Los líderes comunitarios y residentes expresan un temor real de que la situación pueda escalar a la violencia. Advierten sobre un posible "derramamiento de sangre" si continúan lo que perciben como "abusos de la minera sin consecuencias reales".

Esta no es una simple retórica. Refleja la profunda conexión que sienten con su tierra y su río, y su desesperación ante la posibilidad de perderlo todo. Han llegado a un punto en el que declaran estar "dispuestos a morir por su tierra". Esta declaración subraya la gravedad del conflicto y la urgencia de encontrar una solución pacífica y justa que respete los derechos de las comunidades y la protección del medio ambiente. La lucha en Zambrana es un microcosmos de conflictos similares en todo el mundo, donde las comunidades locales se enfrentan a poderosos intereses económicos por el control de los recursos naturales.

Fuente: Listin Diario