La demanda a Somos Pueblo por el mote de la nariz más cara destapó un insólito choque judicial en los medios dominicanos.
Eduardo Sánchez Tolentino, conocido popularmente como El Piro, reveló los pormenores de la acción legal promovida por el comunicador y dirigente político Virgilio Féliz. El expediente acusa al colectivo de presunto acoso tras publicar comentarios satíricos relacionados con la fisonomía del demandante. El conflicto escaló de inmediato en las plataformas digitales locales.
Piro calificó el recurso de disparate jurídico durante su comparecencia pública.
El origen del reclamo en las redes
La disputa tomó fuerza tras la difusión de un audiovisual en el que el equipo de Somos Pueblo cuestionó declaraciones previas de Féliz.
De acuerdo con lo expuesto por Remolacha, la controversia gira en torno a expresiones vertidas en redes sociales que el querellante catalogó como una campaña de desprestigio personal. El equipo legal de Féliz notificó una intimación formal exigiendo una retractación pública inmediata.
El Piro rechazó de plano dar marcha atrás. Sostuvo que el contenido entra dentro de la crítica política y la sátira hacia figuras que participan activamente en debates públicos.
Lo que contestó El Piro en el tribunal
Frente a la intimación, la plataforma digital adoptó una postura tajante, sin espacio para disculpas.
Los representantes legales de la plataforma argumentaron que calificar la burla como acoso busca intimidar el ejercicio de la opinión. Para el comunicador, pagar una indemnización por aludir a una cirugía estética o a un rasgo físico sentaría un precedente nefasto en el país.
El pleito pasó de ser una discusión en una cabina radial a una carpeta formal en las instancias judiciales del Distrito Nacional. Féliz insistió en que acudirá a los tribunales correspondientes para salvaguardar su reputación y la de su familia.
La línea entre sátira y difamación digital
El Código Procesal Penal dominicano y la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología establecen pautas estrictas respecto de la injuria, pero el ámbito digital suele desafiar las definiciones tradicionales.
Especialistas en derecho constitucional señalan con frecuencia que los comentarios irónicos dirigidos a voceros de la opinión pública gozan de un estándar de tolerancia más amplio. Ningún juez local ha emitido todavía un fallo sobre este caso específico.
Los abogados de ambas partes preparan sus escritos mientras el expediente aguarda la fijación de la audiencia preliminar.