El escenario democrático de la República Dominicana se encuentra ante una importante deliberación legislativa. El Poder Ejecutivo, encabezado por el presidente Luis Abinader, ha remitido formalmente al Senado de la República un proyecto de ley destinado a actualizar y regular el ejercicio de la libertad de expresión y la operación de los medios de comunicación, incluyendo el creciente ámbito digital. Esta iniciativa, anunciada por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, busca modernizar el marco legal existente y alinearlo con las prácticas democráticas y los desarrollos jurídicos más recientes a nivel nacional e internacional. El objetivo declarado es claro: fortalecer las garantías de derechos fundamentales en un entorno mediático en constante evolución.

El proyecto de ley propuesto es ambicioso en su alcance. Según la comunicación enviada al presidente del Senado, Ricardo De Los Santos, la legislación busca regular la libertad de expresión en todas sus formas conocidas. Esto abarca desde los medios tradicionales como la prensa escrita, la radio y la televisión, hasta los espectáculos públicos y, de manera crucial, las redes sociales y otros medios digitales. La propuesta no solo se enfoca en la expresión en sí, sino que también pretende resguardar explícitamente el derecho a la comunicación social y al ejercicio del periodismo, pilares fundamentales de cualquier sociedad abierta y democrática.

Además, un componente central de la iniciativa es la protección del derecho de acceso a la información, un elemento esencial para la transparencia gubernamental y la participación ciudadana informada. Para supervisar y garantizar el cumplimiento de estas disposiciones, el proyecto contempla la creación del Instituto Nacional de Comunicación (Inacom). Este organismo se perfila como la entidad reguladora encargada de velar por el correcto ejercicio de estos derechos fundamentales en el país, una tarea compleja dada la diversidad de plataformas y la velocidad con la que circula la información hoy en día. La creación de Inacom sugiere una intención de centralizar y especializar la regulación y supervisión del sector de la comunicación.

El presidente Abinader, en su misiva al Congreso, subrayó que esta propuesta legislativa no surge en el vacío. Se basa en una profunda consideración del desarrollo jurisprudencial y doctrinal que ha experimentado el tema de la libertad de expresión durante las últimas décadas. El objetivo, según el mandatario, es "adecuar nuestro ordenamiento a las prácticas más garantistas y democráticas". Esta declaración apunta a una voluntad de modernizar una legislación que, en algunos aspectos, podría no reflejar completamente los desafíos y realidades del ecosistema mediático actual, especialmente con la irrupción y consolidación de las plataformas digitales.

La elaboración del texto fue un proceso meticuloso que involucró a una comisión de expertos conformada en junio de 2022. Esta comisión, dirigida ejecutivamente por Namphi Rodríguez, contó con la participación de figuras reconocidas del ámbito jurídico y periodístico de la República Dominicana, como Miguel Franjul, Inés Aizpún Viñes, Persio Maldonado, Luis Eduardo Lora (Huchi), Edith Febles, entre otros. La inclusión de "expertos nacionales e internacionales de amplia experiencia" buscó asegurar que el proyecto reflejara tanto los principios jurídicos sólidos como la experiencia práctica del periodismo y la comunicación en sus diversas manifestaciones.

Este grupo de trabajo entregó un primer borrador que fue sometido a un proceso de debate, estudio y ponderación. La Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo lo revisó y lo devolvió a la comisión para incorporar mejoras y asegurar su adecuación al ordenamiento jurídico vigente. La versión definitiva, pulida tras este proceso iterativo, fue entregada al presidente el 24 de abril de 2025, y ahora se presenta al Congreso Nacional. Este camino refleja el compromiso gubernamental declarado de "promover mejoras normativas para el fortalecimiento del Estado Social y Democrático de Derecho".

La presentación de este proyecto de ley marca el inicio de un crucial debate legislativo en el Senado y, posteriormente, en la Cámara de Diputados. La discusión se centrará previsiblemente en encontrar el equilibrio adecuado entre la necesaria regulación de los medios (especialmente los digitales, donde fenómenos como la desinformación y el discurso de odio plantean desafíos globales) y la salvaguarda irrestricta de la libertad de expresión y de prensa.

La creación del Inacom será, sin duda, un punto focal del debate. ¿Cuáles serán sus atribuciones exactas? ¿Cómo garantizará su independencia y eficacia? ¿De qué manera interactuará con los medios, los periodistas y la ciudadanía? Estas son preguntas clave que los legisladores deberán abordar para asegurar que el nuevo instituto cumpla su propósito de ser un órgano garante de derechos y no un instrumento de control indebido.

La modernización de la legislación en esta materia es vista por muchos como necesaria en la República Dominicana, dado que la ley principal vigente sobre expresión y difusión del pensamiento data de hace varias décadas (Ley 6132 de 1962), mucho antes de la revolución digital. Adecuar el marco legal a la era de internet, las redes sociales y la inteligencia artificial es un desafío que enfrentan muchas democracias.

El proyecto, tal como lo presenta el Ejecutivo, busca ser una herramienta para fortalecer la democracia. La forma en que se debata y, eventualmente, se apruebe y se implemente, será fundamental para determinar su impacto real. Será vital la participación activa de la sociedad civil, los gremios periodísticos, los operadores de medios y los expertos en derecho y comunicación durante el proceso legislativo para enriquecer el texto y asegurar que la ley final cumpla con los más altos estándares democráticos y de protección de los derechos fundamentales.