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Nuevas denuncias sobre presuntas irregularidades sacuden las licitaciones del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE). La controversia involucra la asignación de más de 100 millones de pesos a suplidores sin experiencia previa, quejas sobre supuestas "cocinas fantasmas" y señalamientos de cobros indebidos para adjudicar raciones del almuerzo escolar en la República Dominicana.
La polémica creció tras revelaciones difundidas por la plataforma de investigación Somos Pueblo, dirigida por los comunicadores Eduardo Sánchez Tolentino (El Piro) y Ricardo Ripoll. Entre los casos expuestos figura la adjudicación de contratos de alimentación escolar en San Pedro de Macorís a tres jóvenes oriundos de Azua, sin historial en el sector de alimentos a gran escala.
Modificación del pliego y contratos sin experiencia previa
El director ejecutivo del INABIE defendió las decisiones institucionales argumentando que se realizaron ajustes en los pliegos de condiciones para dar apertura a nuevos oferentes y evitar la concentración del mercado en manos de suplidores tradicionales. La entidad rechaza de manera categórica que existan cobros o cobros de comisiones para favorecer a participantes.
Pese a los descargos oficiales, suplidores con años de servicio denunciaron que realizaron inversiones millonarias en infraestructura y terminaron excluidos del proceso. Algunos de los afectados sostienen que se otorgaron contratos a instalaciones que no contaban con la capacidad técnica requerida ni con la inspección física rigurosa de los peritos oficiales.
La distancia geográfica entre el origen de los nuevos adjudicatarios y las escuelas asignadas desató cuestionamientos sobre la cadena de frío, la logística de entrega matutina y la frescura de los alimentos para los estudiantes.
Audios filtrados y tensión entre funcionarios y prensa
La investigación periodística aportó grabaciones y testimonios en los que supuestos intermediarios mencionan cobros de hasta 1.2 millones de pesos a cambio de asignar lotes de 1,500 raciones, así como sumas superiores al millón de pesos por 2,000 raciones.
A la discusión se sumó el director de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), Carlos Pimentel, cuyas declaraciones sobre la existencia de supuestas presiones corporativas en los procesos generaron fuertes roces con los comunicadores que presentaron las evidencias. Organizaciones de la sociedad civil exigen que la entidad reguladora priorice una auditoría exhaustiva a cada lote licitado en lugar de descalificar los reportes públicos.
Existen indicios de que algunos beneficiarios sin capacidad operativa estarían intentando negociar o traspasar las cuotas de raciones a terceros que sí poseen cocinas industriales, una maniobra que violaría los reglamentos vigentes de compras y contrataciones públicas.
La comunidad educativa y los sectores de fiscalización exigen auditorías forenses que certifiquen el destino de cada contrato antes de que inicie el calendario lectivo.
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