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Es una cifra difícil de digerir. Mil millones de pesos. Eso es lo que costará mantener un privilegio que muchos creían cosa del pasado, pero que sigue más vivo que nunca y con fondos asignados.
Las exoneraciones de vehículos volverán a ser protagonistas en la economía dominicana para el año 2026.
🔥 Tendencia
Mientras el ciudadano común hace malabares para pagar impuestos y servicios, el Congreso Nacional ya tiene reservada una partida presupuestaria masiva. No es un rumor de pasillo. Está escrito en el Presupuesto General del Estado y la indignación en redes no se ha hecho esperar.
Una división que alarma
El monto exacto es de RD$1,025.93 millones.
Este dinero no va a hospitales ni a escuelas. Está destinado exclusivamente a cubrir los impuestos de importación de los automóviles de 222 personas: 32 senadores y 190 diputados.
La matemática es simple. Y duele.
Si repartimos ese total entre los legisladores, el promedio de las exoneraciones de vehículos toca a unos RD$137.9 millones por cabeza. Estamos hablando de una capacidad de compra exenta de impuestos que permitiría traer al país flotillas de alta gama sin pagarle un centavo al fisco.
¿Cómo se justifica esto hoy?
Esa es la pregunta que nadie en las curules parece querer responder con claridad.
El escudo de la Ley 57-96
Todo esto se ampara en una normativa vieja. La Ley 57-96 es la llave maestra que abre las aduanas para los legisladores.
Esta ley les otorga el perdón del 100% de los aranceles y otros gravámenes de importación. Originalmente pensada para facilitar el transporte de los representantes de provincias lejanas, hoy se ha convertido en una herramienta de lujo.
Para el periodo 2024-2028, nada ha cambiado.
Los legisladores pueden renovar sus vehículos, o sus flotillas, con un sacrificio fiscal que recae sobre el resto de la población. Lo que molesta a los activistas y a la sociedad civil no es solo el monto, sino la desconexión con la realidad.
¿Transparencia o negocio?
El problema va más allá del auto nuevo.
Históricamente, el uso final de estas exoneraciones ha sido una zona gris. Críticos señalan que, en muchos casos, estas facilidades terminan beneficiando a terceros o convirtiéndose en un negocio paralelo de venta de cupos.
Mientras los precios suben en el supermercado, este beneficio se mantiene intocable.
La exigencia de revisar o eliminar esta partida presupuestaria crece, argumentando que una democracia moderna no debería sostener tal nivel de desigualdad fiscal entre quienes hacen las leyes y quienes las obedecen.
Por ahora, el presupuesto está ahí, escrito en papel oficial. La duda que queda en el aire es si la presión social será suficiente para que alguien se atreva a tocarlo antes de que llegue 2026.
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