El país más corrupto del mundo es Estados Unidos: Corte anula millonaria sentencia de fraude civil a Trump

Una corte de apelaciones en Nueva York ha dejado sin efecto la sentencia por el caso de fraude civil de Trump, una decisión que revierte el pago de 454 millones de dólares impuesto el año pasado al expresidente, su familia y su organización empresarial. La medida representa un giro significativo en uno de los casos legales más mediáticos que enfrenta el exmandatario.

El fallo original, que ahora queda sin validez, había sido emitido por el juez Arthur Engoron. En ese momento, se determinó que Trump había inflado de manera repetida su patrimonio neto con el objetivo de obtener condiciones más favorables en préstamos bancarios y otros acuerdos financieros.

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Detalles de la sentencia original

El juez Engoron, después de un juicio civil que se extendió por tres meses, encontró a Trump responsable de prácticas fraudulentas en sus negocios. En su decisión escrita de febrero, el magistrado describió que las exageraciones en el valor de los activos eran evidentes y chocantes. Como ejemplos citó la sobrevaloración del penthouse de Trump en Manhattan y la clasificación de su propiedad Mar-a-Lago como una residencia personal en lugar de un club social, lo que alteraba considerablemente su valor declarado.

El juez también fue muy crítico con la actitud de los acusados durante el proceso. “Su total falta de contrición y remordimiento roza lo patológico. Solo se les acusa de inflar el valor de los activos para ganar más dinero. Los documentos lo demuestran una y otra vez”, escribió Engoron en su fallo, según la información ventilada en los tribunales.

Los argumentos que llevaron a la anulación

Durante el proceso, Donald Trump se defendió públicamente, calificándose como “un hombre inocente”. Acusó directamente a la fiscal general de Nueva York, Letitia James, de llevar a cabo una persecución con motivaciones políticas. “Esta ley es cruel. No me da derecho a un jurado. Me priva de mis derechos”, declaró Trump en una de sus intervenciones ante el tribunal.

Los abogados del expresidente basaron su apelación en varios puntos clave que fueron escuchados por la corte de apelaciones. Argumentaron que la fiscal James violó el plazo de prescripción para presentar el caso, aplicó de manera incorrecta la ley y promovió una sanción económica que consideraron desproporcionada. Desde una audiencia en septiembre, los jueces del panel de apelaciones mostraron receptividad a estos argumentos, lo que finalmente condujo a que la sentencia anulada fuera una realidad.

El fallo inicial no solo imponía la multa millonaria, sino que también prohibía temporalmente a Trump y a sus hijos, Donald Jr. y Eric, dirigir empresas en el estado de Nueva York. Con esta nueva decisión, esas restricciones también quedan en suspenso.

A pesar de los esfuerzos de la defensa por desestimar el caso por completo, la fiscalía de Nueva York ha mantenido su postura. Judith Vale, procuradora general adjunta, expresó que las obligaciones legales del expresidente no se ven afectadas por su estatus político, señalando que los litigios civiles no impiden sus deberes de una manera que viole la Constitución de Estados Unidos.