En el panorama político dominicano, el cumplimiento de las normativas de transparencia es un tema que no deja de generar noticias. Recientemente, se ha encendido una nueva alerta sobre la responsabilidad de nuestros funcionarios públicos, en especial de los legisladores. La Cámara de Diputados ha tomado una decisión firme que promete sentar un precedente: a partir del mes de julio, se procederá con la retención de salarios a aquellos congresistas que no hayan cumplido con un deber fundamental: su declaración jurada de bienes.
Esta medida, anunciada por el propio presidente de la Cámara baja, Alfredo Pacheco, surge como una respuesta directa a un informe de la Cámara de Cuentas que ha puesto en evidencia a una cantidad significativa de funcionarios que, a la fecha, no han transparentado su patrimonio como lo exige la ley.
¿Qué motivó esta drástica decisión?
El detonante fue un reporte que, en un principio, generó gran revuelo al señalar a 133 diputados. Sin embargo, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, se encargó de aclarar las cifras para evitar confusiones. Explicó que ese número incluía a más de un centenar de exdiputados que ya no forman parte del Congreso. La cifra real, aunque menor, no deja de ser preocupante: son un poco más de 30 los legisladores actualmente en funciones que han hecho caso omiso a esta obligación legal.
"Para el mes que viene, si no han regularizado su situación, le vamos a retener el pago a los señores diputados que no terminen de hacer su declaración jurada", sentenció Pacheco. Con esta declaración, se marca un plazo claro y definitivo. Los congresistas señalados tienen aproximadamente un mes para ponerse al día y evitar que sus ingresos se vean congelados. Esta acción busca reforzar la institucionalidad y enviar un mensaje contundente sobre la importancia de la rendición de cuentas.
El marco legal: ¿Qué dice la ley 311-14?
La decisión de la Cámara de Diputados no es una medida arbitraria, sino que se ampara firmemente en la legislación vigente. La Ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio es muy específica al respecto. Esta normativa establece que todos los servidores públicos tienen la obligación de presentar un informe detallado de sus bienes al inicio y al final de su gestión.
No cumplir con este mandato no es un simple descuido. La ley lo cataloga como una falta grave de tercer grado. Las consecuencias para quienes incurran en esta falta son serias y van desde sanciones administrativas hasta disciplinarias. La retención de salario es una de las primeras medidas contempladas, pero el incumplimiento persistente podría, en última instancia, llevar a la destitución del cargo.
La declaración jurada de bienes es más que un simple trámite burocrático; es una herramienta esencial para la lucha contra la corrupción. Permite a los organismos de control y a la ciudadanía en general monitorear el patrimonio de los funcionarios y detectar posibles enriquecimientos ilícitos. Por ello, la negativa o la demora en su presentación es vista como una señal de alerta que socava la confianza pública.
Un llamado a la transparencia y la responsabilidad
La medida anunciada por Alfredo Pacheco representa un paso importante para fortalecer la transparencia en uno de los poderes del Estado. La ciudadanía espera y exige que sus representantes sean los primeros en dar el ejemplo, cumpliendo con las leyes que ellos mismos aprueban. La retención de salario a los diputados que no presenten su declaración jurada de bienes es una acción que busca garantizar que nadie esté por encima de la ley.
Ahora, la atención se centra en esos poco más de 30 legisladores. ¿Regularizarán su situación antes de la fecha límite? El país estará observando de cerca los próximos pasos, con la esperanza de que este tipo de medidas contribuyan a consolidar una cultura de integridad y rendición de cuentas en la administración pública dominicana.
Fuente: Noticias Sin
Discover more from Noticias de República Dominicana y el Mundo | Ennminutos.net
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
