Un testimonio clave sacude el juicio del caso Coral, dejando al descubierto las presuntas maniobras utilizadas para ocultar bienes adquiridos de forma ilícita. La esposa de uno de los imputados admitió en pleno tribunal que una propiedad de lujo fue registrada a su nombre sin que ella tuviera conocimiento, una declaración que refuerza la teoría del Ministerio Público sobre una sofisticada red de corrupción administrativa.
La audiencia de este martes, correspondiente al caso desmantelado mediante la Operación Coral, tuvo un momento determinante cuando Marioly Pérez Adames, esposa del imputado Kelman Santana Martínez, se presentó ante el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional. Su declaración confirmó que fue utilizada como propietaria de un inmueble sin su consentimiento, destapando una práctica que parece ser central en esta trama.
El apartamento que destapó la maniobra
El inmueble en cuestión es un apartamento en la torre Elsa del exclusivo sector de Gazcue. Según declaró la testigo, la propiedad fue puesta a su nombre, pero ella nunca supo de su existencia ni visitó el lugar. Esta situación llevó a que, en el año 2022, ella y su esposo decidieran entregar voluntariamente el apartamento a las autoridades para su decomiso, un acto que evidencia la irregularidad de la transacción.
Las investigaciones del Ministerio Público sostienen que este apartamento se compró en 2014 a través de la empresa Coinpro. Sin embargo, el pago no lo realizó Pérez Adames ni su esposo, sino otro de los principales imputados en el caso, Julio Camilo de los Santos Viola. Se trató de una estrategia para esconder al verdadero dueño de los bienes.
Una red de prestanombres y más propiedades
La fiscalía afirma que esta no fue una acción aislada, sino parte de un esquema mayor para lavar activos. De los Santos Viola también habría adquirido otras dos unidades en el mismo condominio, utilizando a otras personas como prestanombres para no levantar sospechas.
Otros testimonios clave
Para reforzar su acusación, el Ministerio Público presentó a otros testigos cuyas declaraciones apuntan en la misma dirección. Se expuso el caso de una camioneta registrada a nombre de otra persona con la intención de traspasarla más tarde, una acción que nunca se completó, aunque el vehículo era utilizado por los implicados en la trama de corrupción administrativa.
Propiedades millonarias bajo la lupa
Durante la jornada judicial también se presentaron 24 tasaciones que certifican el valor de diferentes propiedades vinculadas a los acusados. Entre estas se encuentran residencias de otros imputados como Rafael Núñez de Aza y Raúl Alejandro Girón Jiménez, valoradas en más de 50 millones de pesos cada una, cifras que levantan serias preguntas sobre el origen de los fondos.
El Ministerio Público ha desplegado un arsenal de pruebas para sostener su caso, presentando hasta ahora a 262 testigos, junto con más de 750 pruebas documentales y decenas de informes periciales. El juicio continuará el próximo jueves 24 de julio, donde se esperan más revelaciones sobre este complejo entramado.
Fuente: Diario Libre