Julián Oro Duro y el caso Zeneida Castillo toman un giro judicial violento fuera de los tribunales de Santo Domingo Este. Tres personas están formalmente en la mira de la justicia por armar una campaña digital que busca vincular al merenguero con el asesinato de su propia esposa. Quien difunda estas versiones sin pruebas enfrenta penas severas. El abogado de la defensa, Cándido Simó, confirmó que persiguen a los creadores de este contenido por difamación extorsiva.
Diez años de prisión. Esa es la sanción específica que contempla el Código Penal dominicano para quienes fabrican historias criminales con fines de chantaje económico.
La tragedia comenzó la madrugada del 20 de septiembre. Criminales armados irrumpieron en la residencia de la pareja, ejecutaron a Zeneida Castillo y se llevaron miles de dólares y pesos en efectivo. Un asalto sangriento que sacudió la opinión pública dominicana. No obstante, en cuestión de días el dolor familiar mutó en un negocio de manipulación en redes sociales.
Simó explicó a la prensa que ya tienen identificados a los tres responsables que operan mediante videos cortos tipo reels. Estas personas construyeron narrativas que acusaban directamente al cantante de planear el crimen. No presentaron un solo indicio probatorio. Ningún documento, ningún testigo, ninguna pista verificada por los fiscales asignados al expediente.
Del asalto sangriento a la extorsión digital en redes
El patrón no es aislado. En República Dominicana, la viralidad maliciosa se convirtió en una herramienta de coerción financiera contra figuras públicas en momentos de extrema vulnerabilidad.
La defensa legal de Julián Sarante Perdomo, nombre de pila del artista, sostiene que los atacantes digitales buscan dinero a cambio de eliminar las publicaciones difamatorias. Los tribunales dominicanos conocen precedentes en los que el chantaje virtual escala rápidamente si el Ministerio Público no frena la cadena de difusión a tiempo.
El asalto en el que cayó Zeneida Socorro Castillo sigue bajo investigación oficial. Agentes de la Policía Nacional y peritos de la fiscalía rastrean a los asaltantes materiales que sustrajeron el dinero y dispararon contra la mujer indefensa. El ruido fabricado en las plataformas distrae de las investigaciones reales y revictimiza a los deudos directos de la víctima.
La advertencia de Cándido Simó en los tribunales
Simó ofreció las declaraciones al salir de la audiencia judicial en Santo Domingo Este, según reportes de medios locales como De Último Minuto. Fue enfático: la libertad de expresión no ampara la calumnia fabricada para cobrar rescates reputacionales.
Quienes replican, comparten o monetizan afirmaciones que culpan al intérprete entran en el rango de la complicidad si existe una trama orquestada. La legislación dominicana sanciona severamente la imputación de delitos graves sin sustento judicial.
Tres perfiles identificados y el rastro del dinero
Los investigadores privados y los técnicos legales del equipo del merenguero rastrearon las direcciones IP, los números de teléfono y las cuentas bancarias vinculadas a los creadores de los videos. Buscan desmantelar la red antes de que las publicaciones contaminen el proceso penal principal.
La familia de Zeneida Castillo exige justicia pura: dar con los verdaderos asesinos que apretaron el gatillo aquella noche de septiembre y recuperar los bienes robados. La batalla jurídica ahora tiene dos frentes abiertos: el banquillo de los homicidas materiales y el expediente penal contra los extorsionadores del ciberespacio.