¿Peligra la Libertad de Prensa con el Nuevo Código Penal Dominicano?

El nuevo código penal en República Dominicana ha generado una notable controversia en diversos sectores de la sociedad. La reciente legislación, que busca modernizar las leyes del país, ha encendido un intenso debate sobre sus posibles repercusiones en el ejercicio del periodismo, pues el nuevo código penal mantiene sanciones que podrían afectar directamente a la prensa.

El Honor Frente a la Información

Una de las mayores preocupaciones para los comunicadores se centra en cómo la nueva ley aborda los delitos de difamación e injuria. El código establece penas de prisión para quienes imputen hechos que atenten contra el honor o la dignidad de una persona. Para muchos periodistas, esto representa un mecanismo de presión que podría silenciar investigaciones de interés público.

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El Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) y la Sociedad Dominicana de Diarios han expresado su rechazo a que se mantengan estas penalizaciones. Argumentan que los conflictos relacionados con la palabra deberían resolverse en el ámbito civil y no en el penal. El temor a una posible condena de cárcel podría desincentivar la publicación de reportajes sobre temas sensibles, como la corrupción.

Un Escudo para los Funcionarios

Otro punto que causa alarma es el delito de ultraje. Esta figura sanciona las expresiones consideradas ofensivas hacia funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones. Los críticos ven en este artículo una especie de blindaje para los servidores del estado, quienes, por su rol, deberían estar más abiertos al escrutinio público y no menos. La libertad de prensa se ve cuestionada cuando la crítica a la gestión pública puede ser interpretada como un delito.

Grabar, pero no Publicar

El código presenta una aparente contradicción que ha llamado la atención. Por un lado, protege a los ciudadanos que graben o filmen un arresto o un allanamiento por parte de un agente. Sin embargo, un párrafo de la misma ley condiciona la publicación de dicha grabación al consentimiento de la persona que fue grabada.

Esta condición anula el propósito de la norma, que es servir como una herramienta de fiscalización ciudadana contra posibles abusos de poder. Un video que evidencie una irregularidad no podría difundirse sin el permiso del propio funcionario cuestionado, lo que limita severamente la capacidad de denuncia a través de los medios y las redes sociales. La legislación parece dar un paso adelante y otro atrás en el mismo artículo.

El debate sobre el nuevo marco legal sigue abierto. Mientras algunos defienden la necesidad de proteger el honor de las personas, otros advierten que la ley, tal como está redactada, podría convertirse en un obstáculo para el periodismo de investigación y la vigilancia ciudadana, elementos claves en cualquier sistema democrático.

Fuente: enSegundos.do