La fuerza conjunta en Brasil para enfrentar la delincuencia organizada ya está en marcha. El gobierno federal y la administración del estado de Río de Janeiro anunciaron este miércoles la creación de una Oficina de Emergencia para el Enfrentamiento del Crimen Organizado. Esta drástica medida responde directamente a la grave crisis de seguridad en la región, que alcanzó su punto más crítico con una reciente acción policial que resultó ser la más letal en la historia de la ciudad. El saldo de esa operación ascendió a 119 personas fallecidas, lo que sacudió a la opinión pública.
Integración total como nueva estrategia
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El anuncio oficial fue realizado por el ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, junto al gobernador de Río, Cláudio Castro. Ambos mantuvieron una reunión extraordinaria para definir los pasos a seguir. El objetivo principal de la nueva oficina es lograr una "integración total" entre las estructuras de seguridad estatales y federales. Esto implica eliminar las barreras burocráticas que históricamente han dificultado la cooperación.
La idea es que la actuación del gobierno esté al cien por ciento integrada, como indicó Castro. La colaboración se centrará en el intercambio de inteligencia y en la coordinación de acciones policiales, técnicas y logísticas. Se busca respetar las competencias de cada organismo, pero agilizando las operaciones en el terreno. El gobierno federal ha puesto a disposición del estado sus mejores recursos. Lewandowski confirmó el envío de peritos criminales, médicos forenses y expertos en balística e identificación para fortalecer las investigaciones.
Además, se destacó la importancia de atacar las finanzas de las pandillas. Una parte clave de la estrategia será intensificar las labores de inteligencia financiera. El plan es rastrear y bloquear las redes de lavado de dinero para, en palabras de las autoridades, "asfixiar el brazo financiero" de las organizaciones que operan en el crimen organizado en Río.
La operación que desató la crisis
La creación de esta oficina de emergencia no es casualidad. Llega como respuesta directa al operativo policial en Penha y Alemão. Estos complejos de favelas en la zona norte de Río fueron escenario de una redada que duró varios días. Las autoridades la calificaron como el "mayor golpe" propinado al grupo criminal Comando Vermelho, una de las facciones más poderosas del país.
El balance de las fuerzas del orden fue contundente: 119 personas fallecidas. De acuerdo con el informe oficial, 115 de los fallecidos eran sospechosos de narcotráfico y cuatro eran agentes de la policía civil y militar. También se reportaron 113 personas detenidas y la incautación de 118 armas. La operación, según se detalló, requirió 60 días de planeamiento táctico.
Reacciones y el ojo de la justicia
La alta cifra de muertes ha provocado una fuerte reacción social y política. Durante la rueda de prensa, el Palacio Guanabara, sede del gobierno de Río, tuvo que ser cercado por un fuerte dispositivo policial. Afuera, manifestantes y vecinos de las comunidades afectadas exigían explicaciones y mayor transparencia sobre los resultados reales del operativo.
El asunto también ha llegado a la máxima instancia judicial del país. El Supremo Tribunal de Brasil ordenó al gobernador Cláudio Castro que brinde explicaciones formales sobre la operación. El juez Alexandre de Moraes, según reportó el portal Infobae, citó a Castro para que comparezca el 3 de noviembre e informe si la redada respetó las normas de derechos humanos.
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