Palacio Nacional, muertes policiales: los féretros simbólicos llegaron hasta las rejas de la casa de gobierno para denunciar una sangría que no cesa en los barrios dominicanos. Manuel María Mercedes Medina, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), encabezó una manifestación frontal frente a la sede del Poder Ejecutivo para exigir el cese inmediato de las ejecuciones sumarias disfrazadas de enfrentamientos armados. La cifra puesta sobre el pavimento corta la respiración: 1,200 ciudadanos han caído bajo fuego de los uniformados a lo largo de seis años de administración, con un repunte feroz de 40 bajas civiles registradas únicamente durante los días corridos de septiembre.
Los manifestantes portaron pancartas con nombres de jóvenes abatidos en callejones de Los Alcarrizos, Villa Mella, Guachupita y Santiago. El reclamo apunta directo al despacho presidencial.
Las estadísticas fúnebres que desmienten el discurso pacificador
La CNDH acusó al alto mando policial de maquillar una política de exterminio extrajudicial que busca mostrar falsos éxitos en los partes semanales de seguridad. Mercedes Medina detalló que el registro fúnebre de este mes sobrepasó los índices de septiembre del año anterior, evidenciando un retroceso en las garantías fundamentales.
Familiares de las víctimas se arrodillaron sobre la acera frente al Palacio Nacional exigiendo que el Ministerio Público retire a los agentes involucrados de sus cuarteles y los someta a la acción judicial ordinaria. Muchas madres presentes relataron cómo sus hijos fueron sacados vivos de sus viviendas antes de aparecer acribillados en centros hospitalarios con reportes de supuestos intercambios de disparos.
La denuncia transmitida por los equipos de prensa de Listín Diario expuso la indignación de comunitarios que consideran insostenible que la muerte armada se convierta en la principal respuesta del Estado ante la delincuencia común.
Presión sobre la cúpula de seguridad y el silencio gubernamental
La manifestación rompió la rutina matutina de la avenida México mientras un cordón de antimotines bloqueaba el acceso peatonal a las puertas del palacio. La dirigencia comunitaria recordó que hace pocos días la propia jefatura policial reconoció que 45 de las 99 muertes violentas ocurridas en septiembre correspondían a intervenciones legales de sus patrullas, una cifra que confirma que casi la mitad de los homicidios del país los comete la fuerza pública.
Los manifestantes advirtieron que acudirán a instancias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos si los fiscales dominicanos continúan archivando los expedientes sin someter a los agentes que accionan los gatillos.
Reacciones oficiales y reclamos por los casos sin investigar
La protesta forzó la entrega de un documento formal en la recepción de la casa de gobierno, donde los activistas demandan una depuración real de las filas policiales y la indemnización económica para los hijos huérfanos que dejan estas muertes en los sectores más empobrecidos.
Los líderes de la CNDH dieron un plazo perentorio a las autoridades antes de convocar a paros cívicos y marchas barriales en las provincias con mayor incidencia de tiroteos policiales. El reclamo sigue abierto en las calles de la capital mientras los familiares de los fallecidos juran no abandonar las esquinas hasta que los uniformados responsables enfrenten juicios penales públicos.