Periodistas RD: Querella por Difamación e Injuria

En un acontecimiento que resalta la tensión en el panorama mediático dominicano, un grupo de reconocidos periodistas y comunicadores ha tomado acciones legales. Marino Zapete, Edith Febles, Altagracia Salazar y Mariasela Álvarez presentaron querellas formales. Acusan a varios colegas de difamación, injuria y de esparcir desinformación. Estas acciones se dirigen contra Juan Aníbal Arrendel Núñez, Alfredo de Dios de la Cruz Carvajal, Pedro Manuel Casals y Aquiles Jiménez Fernández.

Detalles de la Querella Presentada

Los demandantes afirman que los acusados han realizado señalamientos públicos de manera repetida. Aseguran que estas declaraciones carecen de sustento y han afectado su honor y dignidad personal y profesional. Las acusaciones, según los querellantes, se han difundido a través de diversos medios de comunicación y plataformas digitales, amplificando su alcance y el daño percibido.

🔥 Tendencia

Demócratas arrasan en la primera prueba de Trump

En un comunicado oficial, el grupo de periodistas explicó su motivación. Subrayaron que esta medida legal no tiene como objetivo silenciar las críticas legítimas. Tampoco buscan restringir el debate público sobre temas de interés nacional. Su principal meta, afirman, es "proteger a la ciudadanía frente al uso abusivo de plataformas comunicacionales". Además, buscan "reivindicar el debate respetuoso en una cultura democrática".

El documento que hicieron llegar a los medios de comunicación profundiza en esta idea. Argumentan que, si bien cada querella individual responde a circunstancias específicas y ataques particulares, todas comparten un propósito común. Este es sanear el espacio público de la desinformación y las acusaciones sin base. Buscan promover un debate donde las ideas se confronten con argumentos sólidos y pruebas, no con ataques personales o agravios. Es un esfuerzo, dicen, por fortalecer una cultura democrática saludable.

Es relevante mencionar que este conflicto tiene antecedentes. Los comunicadores ahora acusados habían señalado previamente a los periodistas querellantes. Específicamente, se les imputó haber recibido supuestos sobornos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Estas son acusaciones graves que, presumiblemente, forman parte del conjunto de declaraciones que los demandantes consideran difamatorias.

Las acciones legales están siendo gestionadas por un equipo de abogados compuesto por Edwin Acosta, Patricia Santana Nina, Dangela Ramírez Guzmán y Carlos Alberto Polanco Rodríguez. Este caso podría sentar un precedente importante sobre los límites de la libertad de expresión y la responsabilidad en la comunicación digital en la República Dominicana.