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La Policía Cibernética desarticuló una serie de delitos tecnológicos tras capturar a tres hombres vinculados a cuatro investigaciones por fraudes bancarios y engaños digitales.
El golpe principal se ejecutó en el municipio de Higüey, provincia de La Altagracia. Agentes del Departamento de Investigaciones Criminales (DICRIM), junto a técnicos de la Dirección de Área de Policía Cibernética, apresaron a Luis Ángel Susana Montero. El expediente lo señala como el responsable de montar un esquema de falsas reservas hoteleras a través de WhatsApp que le sacó RD$269,600 de los bolsillos a varios ciudadanos.
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Ofrecían fines de semana soñados en la costa este y cobraban por adelantado. Cuando los clientes llegaban a la recepción del complejo turístico con maletas en mano, nadie los reconocía.
Un fiasco completo.
El gancho de las vacaciones que no existían
Susana Montero suplantaba identidades y usaba números telefónicos temporales para hacerse pasar por agente de viajes autorizado. Pedía transferencias inmediatas con la excusa de reservar las últimas habitaciones disponibles a tarifa especial de temporada.
La noticia de El Nacional confirmó que los fondos caían en cuentas bancarias prestadas para luego retirar el efectivo en cajeros automáticos antes de que se activaran los bloqueos preventivos.
Los técnicos de la uniformada siguieron el rastro de las direcciones IP y las trazas financieras de las billeteras digitales hasta dar con el paradero del sospechoso en suelo altagraciano.
Cuentas prestadas y transferencias turbias
El operativo no se detuvo en Higüey. Las autoridades realizaron capturas simultáneas contra otros dos individuos e identificaron formalmente a un cuarto sospechoso involucrado en maniobras de desvío de capitales.
Los expedientes abiertos corresponden a vulneraciones bancarias en las que se usaban enlaces fraudulentos (phishing) para clonar accesos de usuarios y vaciar fondos a favor de cuentas de terceros. El dinero se pulverizaba en cuestión de minutos mediante pagos a comerciantes informales y transferencias fraccionadas.
Poco sirve borrar chats de mensajería cuando los registros bancarios dejan marcas imborrables en los servidores.
La Policía Cibernética y el Ministerio Público trabajan en la recolección de los teléfonos celulares, tarjetas de débito y computadoras incautadas durante los allanamientos para presentar los informes periciales ante el juez de la Oficina de Atención Permanente.
Los arrestados enfrentan cargos por violación de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, una normativa que contempla penas de prisión correccional y fuertes sanciones económicas. Los investigadores cruzan las denuncias pendientes para determinar si la estructura operaba de forma coordinada con delincuentes recluidos en recintos penitenciarios del país.
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