Prisión preventiva en Nagua por un año a la madre imputada

La prisión preventiva en Nagua quedó fijada en un año este viernes 20 de noviembre, cuando la jueza Martha Mireya Indhira Javier Cedano impuso esa medida de coerción a Mailin Hernández Familia, imputada por la muerte de su hija de tres años en ese municipio de María Trinidad Sánchez.
La magistrada pertenece a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de María Trinidad Sánchez. Acogió la solicitud del Ministerio Público y dispuso que la imputada cumpla la medida en la Fortaleza General Olegario Tenares, en la misma provincia.
La prisión preventiva no es una condena. Es una medida de coerción que mantiene a la persona detenida mientras la fiscalía completa la investigación y el caso avanza hacia las siguientes audiencias.
El año de coerción corre desde este viernes 20 de noviembre. Durante ese tiempo la fiscalía debe sostener su acusación con pruebas, porque la calificación presentada en la audiencia es provisional y puede cambiar con los resultados forenses.
Del hospital de Nagua a la sala de audiencias
La niña murió el sábado 14 de noviembre. Perdió el conocimiento en su casa y su madre la llevó en un motoconcho hasta el hospital público Doctor Antonio Yapor Heded, de Nagua, adonde llegó sin signos de vida.
El lunes siguiente, la Policía Nacional todavía pedía esperar la autopsia y no confirmaba arrestos en la muerte de la niña en Nagua. El vocero Diego Pesqueira dijo ese día que varias personas estaban bajo interrogatorio y que el cuerpo había pasado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses.
El caso cambió en cuatro días. El Ministerio Público informó que arrestó a Hernández Familia en el propio hospital, en flagrante delito, y este viernes la presentó ante la jueza de Atención Permanente con una solicitud de un año de coerción que el tribunal acogió completa.
Las lesiones que describe la investigación
El Ministerio Público sostiene que las lesiones de la menor provocaron su muerte y atribuye la responsabilidad penal a su madre. La niña presentaba múltiples lesiones en distintas partes del cuerpo, unas recientes y otras antiguas.
La descripción oficial detalla lesiones en el rostro, inflamación y hematomas en la nariz y abrasiones en la mejilla derecha. También registra lesiones antiguas en el cuello y traumatismos recientes en el tórax, en la parte anterior y posterior, acompañados de inflamación.
Hasta el lunes, el resultado de la autopsia seguía pendiente en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, y ninguna nota de este viernes lo da por publicado. Ese informe debe fijar la causa exacta de la muerte con base científica.
Ese detalle marca el centro del caso. Si la fiscalía prueba que había lesiones antiguas, la muerte del 14 de noviembre no fue un hecho aislado, y la pregunta incómoda es quién pudo ver esas señales antes de que la niña llegara sin vida al hospital.
La calificación jurídica provisional la fijó el fiscal Víctor Manuel Moreno Peguero, a cargo de la investigación. Los hechos quedaron tipificados como infanticidio y actos de tortura y barbarie, con base en los artículos 92, numerales 4 y 5, y 117 del Código Penal dominicano.
La imputación invoca también los artículos 12 y 396 de la Ley 136-03, que crea el sistema de protección de los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes. En la audiencia de coerción, la fiscal Anallancy Sierra Montero representó al Ministerio Público.
La nota oficial del Ministerio Público no recoge una versión de la defensa de Hernández Familia. La imputada mantiene su presunción de inocencia y la medida de este viernes no decide su culpabilidad ni su inocencia.
Lo que falta por confirmar es la causa exacta de la muerte con los estudios forenses completos y el cierre de la investigación dentro del año de coerción. Mientras ese trabajo avanza, Mailin Hernández Familia permanece en la Fortaleza General Olegario Tenares, en su provincia, a la espera del siguiente paso del proceso.
Fuente: Las Primicias
Leandro Roman
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