Senadores exige a ICE frenar app de reconocimiento facial

Un grupo de senadores exige a ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) que detenga de inmediato el uso de una controvertida aplicación para teléfonos inteligentes. La preocupación se centra en "Mobile Fortify", una herramienta que utiliza identificación biométrica y reconocimiento facial para vigilar a personas, lo que ha encendido las alarmas sobre su legalidad, precisión y el respeto a las libertades civiles.

La iniciativa fue liderada por los senadores Edward J. Markey, Ron Wyden y Jeff Merkley, quienes enviaron una carta formal el pasado jueves a Todd Lyons, el director interino de la agencia. En la comunicación, expresaron serias dudas sobre la fiabilidad de la tecnología y sus posibles consecuencias para los derechos constitucionales de las personas.

Preocupaciones sobre libertades y precisión

El principal argumento de los legisladores es que la vigilancia constante podría desincentivar la participación ciudadana en actividades protegidas por la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Según expresaron en la carta, la tecnología de reconocimiento facial sigue siendo poco fiable y su uso masivo podría generar un efecto negativo en la libertad de expresión.

"Como han demostrado los estudios, cuando las personas creen estar siendo vigiladas, es menos probable que participen en actividades protegidas por la Primera Enmienda, como protestas o manifestaciones, lo que socava la esencia misma de nuestra democracia", escribieron los senadores. Esta idea subraya el temor de que la vigilancia se convierta en una forma de control social.

Las preguntas clave que esperan respuesta

Para obtener claridad sobre el uso de la aplicación Reconocimiento facial Mobile Fortify, los senadores presentaron una serie de preguntas directas a la agencia, estableciendo como fecha límite para recibir respuestas el 2 de octubre. Quieren saber quién desarrolló la aplicación, cuándo se comenzó a utilizar y si ICE realizó pruebas para verificar su precisión.

Además, solicitaron la base legal que justifica su implementación y las políticas internas que regulan su uso. La carta, que también fue firmada por figuras como Elizabeth Warren, Cory Booker, Bernie Sanders y Adam Schiff, pregunta si ICE se comprometería a detener el uso de la herramienta. Debido a estas serias dudas, los senadores exigen a ICE una explicación detallada en caso de que decidan continuar con el programa.

Un debate sin regulación federal clara

Este enfrentamiento ocurre en un momento en que no existe una regulación federal que establezca límites claros para el uso del reconocimiento facial. Esta ausencia de leyes ha obligado a los estados a crear sus propias barreras para proteger la privacidad y la vigilancia biométrica de sus ciudadanos.

Un reportaje de The Washington Post reveló a principios de este verano que la policía de Nueva Orleans utilizó esta tecnología en secreto durante dos años, violando ordenanzas municipales. Por otro lado, estados como Illinois han avanzado, permitiendo a las personas demandar por el uso indebido de sus datos biométricos y exigiendo consentimiento por escrito.

Casos millonarios y el poder de los datos

La falta de regulación ha llevado a consecuencias millonarias para algunas empresas. El año pasado, Meta (la compañía matriz de Facebook) tuvo que pagar un acuerdo de $1.4 mil millones al estado de Texas por haber recolectado datos biométricos de millones de personas sin su autorización, marcando el acuerdo financiero más grande pagado a un solo estado por este motivo.