La tasa de homicidios en RD bajó más con Danilo que con Abinader, según los propios registros oficiales difundidos desde el Palacio Nacional. La revelación no provino de la oposición ni de consultoras privadas, sino del podio gubernamental encabezado por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, quien expuso las métricas de criminalidad intencional registradas desde el 2011 hasta el tercer trimestre de este año.
Los datos desataron un vendaval político inmediato. La comparación aritmética puso bajo la lupa los discursos de pacificación pública, al confrontar dos gestiones mediante una misma variable estadística.
Durante los dos cuatrienios de Danilo Medina, el indicador cayó de 19.4 muertes violentas por cada 100,000 habitantes en 2012 a 9.9 al concluir su mandato en 2020. Representó un descenso de 9.5 puntos. Durante la administración de Luis Abinader, el registro descendió de 9.9 a 7.5, lo que representa una reducción de 2.4 puntos en el lapso considerado.
El balance sacude la narrativa sobre la efectividad de las reformas policiales en curso.
Contraste de números oficiales en el Palacio Nacional
La exposición de estas gráficas tuvo lugar durante la conferencia de prensa semanal que encabeza la Presidencia de la República. La vocería oficial procuraba resaltar que el país registra cifras de un solo dígito y que la criminalidad violenta mantiene una tendencia descendente constante, alejándose de los picos críticos experimentados en la primera década del siglo.
La difusión abierta en el portal de la Presidencia de la República Dominicana confirmó que la tasa de descenso fue cuatro veces más pronunciada durante el mandato del Partido de la Liberación Dominicana.
Dirigentes del oficialismo salieron al frente argumentando que reducir la violencia cuando la tasa supera los quince puntos es más accesible que limar décimas cuando el margen se aproxima a los estándares de las naciones desarrolladas. Reducir las muertes, cuando el suelo ronda los siete puntos por cada cien mil almas, exige desarticular redes criminales complejas, desarticular bandas barriales enquistadas y resolver rencillas interpersonales que escapan al patrullaje preventivo ordinario.
La oposición política aprovechó la coyuntura para cuestionar el gasto millonario destinado a comisiones de reforma, asesorías internacionales y despliegues mixtos de militares y agentes policiales.
El peso de los conflictos sociales frente a las bandas
El análisis de las carpetas fiscales revela un cambio sustancial en la naturaleza de los crímenes registrados en los callejones del Gran Santo Domingo, en Santiago y en los polos turísticos. Hace una década, los atracos armados y las refriegas directas en puntos de venta de drogas representaban la mayor parte de las autopsias realizadas por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses.
Las riñas entre vecinos, parientes o conocidos bajo los efectos del alcohol representan más del sesenta por ciento de los expedientes que llegan a las fiscalías provinciales. Es una violencia comunitaria que no responde a los retenes nocturnos ni a las persecuciones de patrullas en avenidas transitadas.
Ese comportamiento delictivo presiona a las mesas de seguridad locales a buscar salidas que trascienden la lógica de la fuerza pública tradicional.
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