Condenan a Ángel Martínez: prisión suspendida y RD$2 millones a Faride

Ángel Martínez es condenado por difamación contra Faride Raful.

El autodenominado detective Ángel Martínez admitió su culpabilidad ante los tribunales y recibió una condena de un año de prisión suspendida, sumada al pago obligatorio de una indemnización civil de dos millones de pesos dominicanos por incurrir en difamación e injuria contra la ministra de Interior y Policía, Faride Raful. La sentencia sanciona las acusaciones falsas vertidas por el procesado en entornos digitales y cierra un conflicto judicial que permaneció en los estrados durante meses bajo la atención del debate público nacional.

La magistrada Clara Luz Almonte, jueza de la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional, dictó la resolución de condena durante la audiencia celebrada este martes en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. El fallo judicial validó el acuerdo alcanzado entre el imputado, el Ministerio Público y la parte querellante, formalizando la aceptación voluntaria de los hechos ilícitos cometidos mediante un procedimiento penal abreviado.

A las afueras de la sala de audiencias, el representante legal de la ministra, el abogado penalista Miguel Valerio, confirmó los términos del veredicto judicial y valoró la trascendencia del reconocimiento de los cargos por parte del inculpado. El jurista subrayó que la admisión de Martínez desmonta de forma definitiva la veracidad de los señalamientos expuestos en plataformas de internet, fijando una responsabilidad penal indiscutible avalada por los tribunales.

Procedimiento penal abreviado y reparación económica

La salida procesal implementada en los tribunales ordinarios respondió a la figura del juicio penal abreviado contemplada en el marco procesal de la República Dominicana. Este mecanismo procesal requiere de manera obligatoria que la persona imputada admita la totalidad de los hechos imputados y acepte la sanción penal estipulada a cambio de evitar los trámites prolongados de un juicio de fondo.

El abogado Miguel Valerio precisó que el dispositivo de la sentencia dispone una condena formal de un año de cárcel bajo la modalidad de pena suspendida, sujeta a reglas de conducta específicas que el sentenciado deberá acatar para no ingresar a un recinto penitenciario. A dicha sanción corporal se suma el pago de dos millones de pesos dominicanos en calidad de indemnización por los daños morales y perjuicios ocasionados al prestigio personal de la funcionaria estatal.

Las coberturas judiciales registradas por el periódico Listín Diario reflejan que el reconocimiento de culpa puso punto final a las audiencias conciliatorias. La defensa de Faride Raful enfatizó que el interés central de la acción judicial nunca persiguió fines de lucro mercantil, sino el establecimiento de un precedente categórico frente a las campañas de descrédito orquestadas sin fundamentos verificables en medios de comunicación.

Origen de la querella y medidas cautelares previas

El expediente judicial tomó forma formal el 30 de mayo de 2025, fecha en la que Faride Raful depositó una querella con constitución en actor civil ante la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional. La acción legal respondió a una serie de emisiones audiovisuales publicadas por Martínez en sus canales digitales, en las cuales atribuía a la dirigente política supuestos vínculos con redes del crimen organizado y el narcotráfico internacional.

Tras evaluar la gravedad de las imputaciones y el impacto lesivo contra la dignidad de la víctima, las autoridades judiciales dictaron medidas de coerción en julio de 2025. En aquella etapa inicial, un juez de instrucción impuso contra Martínez una garantía económica, impedimento formal de salida del territorio dominicano y la colocación de un grillete electrónico de monitoreo satelital para asegurar su sometimiento constante al proceso penal.

Aunque la demanda inicial interpuesta por el equipo legal de Raful exigía una compensación económica de cincuenta millones de pesos por las afecciones al honor familiar y profesional, la concertación del proceso abreviado adecuó el monto reparatorio a dos millones de pesos, priorizando la confesión judicial expresa del encartado como elemento de desagravio institucional.

Antecedentes de rectificaciones en el historial de Ángel Martínez

El desenlace de este juicio penal se integra a una cadena recurrente de controversias legales protagonizadas por Ángel Martínez frente a personalidades de la vida política, judicial y económica dominicana. El comunicador ha recurrido en múltiples ocasiones a la retractación pública y a pedidos formales de perdón para frenar condenas carcelarias mayores en procesos por delitos contra el honor.

En cada una de esas disputas previas, las retractaciones se produjeron luego de notificaciones de actos de alguacil o en la antesala de condenas judiciales definitivas. Con la sentencia emitida por la jueza Clara Luz Almonte, la justicia ordinaria dominicana marca un límite legal claro al uso de plataformas digitales para difundir imputaciones difamatorias carentes de sustento fáctico y probatorio.