Guzmán Fermín niega pago por dirigir la Policía

El mayor general retirado Rafael Guillermo Guzmán Fermín salió este lunes a desmentir la versión de que para dirigir la Policía Nacional hay que pagar RD$50 millones. El exjefe policial calificó como «imposible» la existencia de cobros para la asignación del cargo y sostuvo que no se realiza ningún pago a terceros para acceder a esa jefatura dentro del Estado dominicano, en declaraciones publicadas por El Nacional.

Su respuesta trajo una segunda parte que dice tanto como la primera: lo que sí hay que tener, afirmó, son nexos políticos. La frase describe sin rodeos cómo funciona el nombramiento en la práctica, porque el director general de la Policía Nacional lo designa el presidente de la República entre oficiales generales activos, como establecen los artículos 255 y 256 de la Constitución y la Ley 590-16, Orgánica de la Policía Nacional. Nadie compra un decreto: el cargo nace de una decisión política del Poder Ejecutivo.

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La versión de los 50 millones circula sin autor confirmado: ninguna de las coberturas serias consultadas este lunes identifica quién la formuló primero ni aporta una sola prueba del supuesto cobro. El debate público queda así, por ahora, entre una afirmación sin respaldo documental y un desmentido de quien ocupó el puesto, sin que ninguna de las dos versiones conste probada.

El hombre que ocupó el cargo

Guzmán Fermín habla desde la experiencia directa: fue jefe de la Policía Nacional de agosto de 2007 a agosto de 2010, en el gobierno de Leonel Fernández, y entregó el mando a José Polanco Gómez. Ingeniero civil y licenciado en Derecho, hoy milita en la Fuerza del Pueblo y presta su voz al partido en los medios cada vez que el tema es la seguridad ciudadana. Su desmentido no viene de un comentarista ajeno a la institución: viene de alguien que recibió el cargo por designación presidencial y lo ocupó tres años.

Su gestión sigue viva en el debate de hoy. Los años de Guzmán Fermín al frente de la Policía se recuerdan por los llamados intercambios de disparos, una práctica que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos cuestionó al denunciar unas 1.750 muertes de civiles durante su gestión, y su nombre reaparece cada vez que se discute la mano dura policial en el país. Esa historia explica el peso de sus palabras en la conversación de esta semana.

Una institución bajo la lupa

El desmentido llega en la semana más incómoda para la Policía Nacional en meses. Este mismo lunes, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, rechazó los abusos policiales al presentar el Centro de Monitoreo y Control, equipado con 10.000 cámaras corporales para 84 departamentos y 19 regionales, y su pronunciamiento aterrizó días después del balance que contó siete muertos en 72 horas en intervenciones policiales, entre la noche del viernes 30 de octubre y el domingo 1 de noviembre.

No es la primera vez que Guzmán Fermín enfrenta en público una afirmación sin pruebas. El pasado 15 de octubre, la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ratificó la condena por difamación e injuria contra el comunicador Rafael Guerrero, del canal «Corrupción al Desnudo», con tres meses de prisión suspendida y una indemnización de RD$2 millones; el tribunal dejó constancia de que el comunicador no aportó pruebas válidas de las imputaciones que lanzó contra el exjefe policial.

Al final, la cifra de los RD$50 millones queda donde empezó: como una afirmación sin autor confirmado ni documento que la sostenga, frente al desmentido de quien dirigió la institución tres años. Si la persona que la lanzó tiene pruebas, el paso que falta es presentarlas ante el país; mientras ese paso no se dé, la designación del director de la Policía Nacional seguirá saliendo de un decreto firmado en el Palacio Nacional, no de una transacción.

Fuente: El Nacional