Importación de armas: Frank Fernández denuncia un monopolio

La importación de armas para particulares está cerrada en República Dominicana desde 2006, y Frank Fernández afirma que ese cierre dejó el mercado en manos de pocos. En Las Exclusivas de José Peguero, el activista, defensor de las armas legales, aseguró que de 68 armerías legalizadas, cinco concentran los permisos para importar, con ventas al Ejército, a la Policía Nacional y a las empresas de seguridad privada.

«Aquí hay una mafia, hay un monopolio», dijo, y dejó su pregunta central: si la importación con particulares lleva veinte años cerrada, ¿cómo es que ninguna armería ha quebrado en ese tiempo? Pide al presidente Luis Abinader derogar la disposición que mantiene fuera al comprador individual y abrir la venta de armas nuevas a quien cumpla los requisitos.

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Los precios que cita la denuncia

Los precios son el centro de su argumento. Fernández afirmó que un arma legal puede costar hasta RD$1,500,000, cerca de US$25,000, mientras un arma ilegal «no cuesta más de US$1,500». Citó modelos concretos: la Taurus 9 milímetros usada que venden las armerías dominicanas pasa de RD$600,000 en su cuenta, y nueva cuesta en Estados Unidos entre US$200 y US$256; una Glock revendida en la calle ronda los RD$800,000, frente a los US$300 que vale usada en Estados Unidos.

El malestar por esos precios viene de lejos: el negocio oculto de las armas en RD ya quedó descrito con cifras del mismo orden, pistolas que en Estados Unidos cuestan US$500 y aquí superan los RD$800,000 con los permisos incluidos.

La denuncia toca el mercado negro. Fernández aseguró que civiles, policías y militares alquilan armas a delincuentes por entre RD$1,500 y RD$5,000 el día, y criticó las condenas por porte ilegal, que en casos que citó se cierran con seis meses de prisión o presentación periódica; propuso una pena mínima de diez años. Sostuvo que las armas largas entran por aduanas y por mar, a veces como pago en trueques de droga, y que se fabrican armas clandestinas, incluso con impresoras 3D. «Se ha hablado que en Cotuí hay personas que están fabricando armas así, a la clara», dijo.

El marco legal y los datos del regulador

El Decreto 309-06, dictado en julio de 2006, prohibió la importación de armas y municiones para el comercio con particulares, sin tocar las ventas al Estado ni a las empresas. La Ley 631-16, de 2016, regula el porte y la tenencia: certificado de no antecedentes penales, evaluaciones físicas y psicológicas, pruebas antidopaje y de alcohol, certificación de manejo en un polígono autorizado y documentos que acrediten la compra legal.

Interior y Policía reportó 245,396 armas legales en manos de civiles al cierre de 2025 y 52 licencias a armerías ese año, 19 de importación; el ministerio ha reconocido que el 70 % de los homicidios se comete con armas ilegales. En febrero de 2023, el Decreto 30-23 autorizó por seis meses la importación de armas de uso civil para empresas de seguridad privada, la apertura que Fernández quiere extendida al comprador individual.

Fernández maneja cálculos propios. Afirma que en 2021 el presidente Abinader declaró que por cada arma legal había tres ilegales, y él eleva la proporción a diez tras encuestas callejeras de su grupo, con lo que habla de más de dos millones de armas ilegales en el país. Con esa base calcula que legalizar ese arsenal y abrir las importaciones dejaría al Estado más de RD$50,000 millones al año en impuestos.

Fernández y su grupo convocaron una manifestación pacífica y sin armas para el 5 de diciembre, a partir de las 9:00 de la mañana, frente al Palacio Nacional, para exigir la apertura a particulares y que quien regrese a vivir al país traiga en su mudanza el arma que posee legalmente fuera; la notificación de la protesta ya fue aprobada, afirmó. Interior y Policía no ha respondido a la denuncia ni a la convocatoria.

Fuente: Las Exclusivas de José Peguero