Gavin Newsom vacía el corredor de la muerte de California

Gavin Newsom anunció este jueves la conmutación de las 548 sentencias de muerte vigentes en California. Todas pasan a cadena perpetua sin libertad condicional, y el estado ejecuta la mayor conmutación masiva de la historia de Estados Unidos.

La medida llegó en una carta abierta a todos los californianos. «Creo firmemente que matar por mandato del Estado es incompatible con los valores de California, socava los fundamentos de nuestro sistema legal y nos disminuye a todos», escribió el gobernador. Descartó separar a unos condenados de otros: hacerlo crearía dos clases de víctimas de asesinato.

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Dos tercios de los casos esperan a la Corte Suprema estatal

Un tercio de las conmutaciones entra en vigor de inmediato: los casos con una sola condena por delito grave. Los dos tercios restantes pasan a la Corte Suprema de California: la Constitución estatal exige su aprobación cuando el condenado acumula más de una condena grave, con el voto de al menos cuatro de sus siete jueces. La carta cierra otra puerta: los conmutados quedan fuera de las nuevas reglas de resentencia de la Junta de Libertad Condicional.

La decisión no elimina la pena de muerte de California. Los fiscales podrán seguir pidiéndola y los jurados imponiéndola en juicios futuros; la clemencia cubre solo las sentencias ya dictadas. Correcciones contaba 564 condenados a muerte en el estado: 546 hombres y 18 mujeres. Las 548 de la carta son más de la cuarta parte de las penas capitales vigentes en Estados Unidos.

California no ejecuta a nadie desde 2006: la última fue la de Clarence Ray Allen, de 76 años, en San Quentin. Desde el restablecimiento de 1978, el estado suma 13 ejecuciones. Newsom decretó la moratoria el 13 de marzo de 2019, a dos meses de asumir, y desmanteló la cámara de ejecuciones. Los votantes rechazaron abolirla en 2012 y en 2016, y ese año aprobaron acelerar las apelaciones. El eco federal es cercano: en diciembre de 2024, el congresista Adriano Espaillat pidió a Joe Biden conmutar las penas de los 40 presos del corredor federal; Biden conmutó 37.

Fiscales en contra y familias divididas

La oposición lleva semanas en voz alta. Topo Padilla, presidente de Crime Victims United, sostiene que nadie debería deshacer por creencias personales una sentencia dictada por un jurado y firmada por un juez. Marc Klaas, padre de Polly Klaas, asesinada a los 12 años en 1993, dijo a Fox News Digital que «los asesinos de bebés, los asesinos de policías, los asesinos en racha y los asesinos en serie han encontrado un aliado en Gavin Newsom». Dan Dow, fiscal de San Luis Obispo, le escribió que sería «una bofetada» para las víctimas y sus familias; Don Barnes, alguacil del condado de Orange, la llamó una segunda gran afrenta a los votantes.

Del otro lado, el respaldo llegó con nombres propios. Robin Maher, directora ejecutiva del Death Penalty Information Center, afirmó que el anuncio marca «un momento decisivo en la historia de la pena de muerte en Estados Unidos». Cincuenta familiares de víctimas habían firmado días atrás una carta pidiendo la clemencia. Entre las firmantes está Jess Nichol, hermana de Polly Klaas: Richard Allen Davis, el condenado por matar a su hermana, es uno de los 548, y ella escribió que su ejecución «no tiene absolutamente nada que ver con mi recuperación ni con la seguridad pública real». La ACLU aplaudió la decisión.

Newsom toma la decisión en sus últimos meses de gobierno. Entrega el mando en enero y su correligionario Xavier Becerra aparece como sucesor tras las intermedias del martes; Becerra mantendría la moratoria. La prensa del país lo perfila como aspirante a la nominación demócrata de 2028. Con esta firma, el total nacional cae a unas 1,388 personas bajo sentencia de muerte, el nivel más bajo desde 1984, y queda abierto un solo expediente: el voto de la Corte Suprema estatal.

Fuente: CalMatters