Amnistía fiscal y penalidades: RD$2,032 millones en un mes

La amnistía fiscal disparó las penalidades que cobra la Dirección General de Impuestos Internos (DGII): en septiembre sumaron RD$2,032.1 millones, un 134.5 % por encima del mismo mes de 2025. El dato sale del informe mensual de Análisis de Recaudación de la propia institución, publicado este martes.

El aumento frente a septiembre de 2025 fue de RD$1,165.7 millones. De esa diferencia, RD$865.8 millones salieron de los beneficios de la amnistía creada por la Ley 30-26: el 42.6 % de todo el crecimiento interanual, de acuerdo con el informe de la DGII.

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La cuenta ayuda a dimensionar el mes. Septiembre de 2025 había dejado RD$866.4 millones por multas, recargos, intereses y sanciones; un año después, la cifra se multiplicó por 2.3.

El resto del aumento, RD$299.9 millones, entró por la vía ordinaria: contribuyentes que pagaron sus recargos e intereses sin acogerse al beneficio. La amnistía explica la parte grande del salto, pero no fue la única puerta por la que entró dinero en septiembre.

La meta oficial era otra. El presupuesto reformulado esperaba RD$725.6 millones por esos conceptos en septiembre y el cobro real llegó al 280.1 % de lo estimado, con RD$1,306.6 millones por encima de la proyección del mes.

El tercer renglón que más creció en el mes

En septiembre, solo dos tributos aportaron un aumento mayor en pesos: el impuesto sobre la renta de las personas físicas, con RD$4,513.6 millones adicionales, y el impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios, con RD$2,860.8 millones. Las penalidades quedaron en tercer lugar.

Visto el año completo, el renglón pesa poco en la caja de la DGII. Entre enero y septiembre, las penalidades aportaron RD$8,630.6 millones, el 1.1 % de los RD$751,169.9 millones recaudados por la institución en esos nueve meses.

No es dinero de un tributo nuevo. Es deuda vieja que por fin entró a caja. Para la caja pública, ese ingreso real pesa más que cualquier proyección.

El movimiento encaja con el control fiscal más estricto que viene aplicando la DGII: presión sobre quien no cumple y, en paralelo, una puerta abierta para quien debe y prefiere regularizarse antes de que los recargos sigan creciendo.

Una ventana que cierra el 31 de diciembre

La Ley 30-26 fue promulgada el 18 de junio de 2026 con el nombre de Medidas Pro-Crecimiento Económico, Simplificación Fiscal y Mitigación de la Crisis Internacional. El Gobierno la presentó dentro de su Plan Anticrisis y, junto a la amnistía, abrió acuerdos de pago para las obligaciones pendientes.

Pueden acogerse las personas y las empresas que al momento de la promulgación tenían deudas con la administración tributaria. La solicitud se presenta por la Oficina Virtual de la DGII o de forma presencial en la administración local correspondiente, un trámite regulado por la Norma General 04-2026.

Esa norma pasó por consulta pública entre el 14 de julio y el 15 de septiembre de 2026. Gremios y contribuyentes opinaron sobre el alcance de las deudas incluidas, el cálculo de los recargos y las condiciones del pago fraccionado antes de su aprobación definitiva.

El beneficio trae una condición dura. Quien firma un acuerdo y deja de pagar pierde la amnistía, y su deuda vuelve a calcularse en las condiciones anteriores, con los recargos acumulados otra vez sobre la mesa del contribuyente.

Para el bolsillo de quien debe, la lectura es simple: ponerse al día dentro de la ventana cuesta menos que dejar la deuda corriendo otro año. Las estimaciones oficiales citadas por El Seis calculan que los acuerdos de pago y la amnistía podrían dejar al Estado entre RD$40,000 y RD$50,000 millones extraordinarios al cierre de 2026.

Ese cálculo depende de cuántos morosos entren antes del vencimiento. La amnistía fiscal permanece abierta y su plazo termina el 31 de diciembre de 2026: quien no presente la solicitud antes de esa fecha quedará fuera del beneficio.

Fuente: El Informante