Código de Ética de la IA y servicios públicos: lo prohibido

El Código de Ética de la IA para los servicios públicos ya rige en República Dominicana: el presidente Luis Abinader firmó el 2 de noviembre el Decreto 787-26 y la Presidencia lo publicó el 3. Lo elaboraron la Ogtic y la Digeig, con apoyo de la Alianza para el Gobierno Abierto y referencias de la Unesco y la OCDE. Obliga a toda la administración centralizada y descentralizada.

El alcance es amplio. Alcanza a la IA que atiende al público o interviene en decisiones, a cada solución que el Estado compre o contrate y al uso de asistentes por empleados públicos si termina en un acto administrativo. La IA de los negocios privados queda fuera, un campo donde la banca dominicana ya usa inteligencia artificial para inclusión y eficiencia; quien le venda sistemas al Estado sí entra, porque pliegos y contratos deberán exigir protección de datos, auditoría y trazabilidad, con vigilancia de la Dirección General de Contrataciones Públicas.

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Los 180 días calendario, contados desde el 3 de noviembre, vencen el 2 de mayo de 2027: para esa fecha cada entidad debe tener registrados sus sistemas, con responsables nombrados y contratos ajustados.

Siete usos prohibidos y un blindaje para los menores

Las prohibiciones vienen con nombre y apellido. Nadie podrá ser identificado por su rostro, su voz o su forma de caminar en vigilancias masivas de espacios públicos sin orden de un juez, base legal y control independiente. Tampoco habrá notas ciudadanas generalizadas que abran o cierren la puerta a un derecho o un servicio, ni perfiles que marquen a alguien como posible delincuente por el barrio donde vive, su origen étnico o su bolsillo. Ningún programa dictará ni ejecutará por su cuenta sentencias penales, medidas de coerción o privaciones de libertad.

El veto alcanza la propaganda política y la desinformación montadas desde el Estado, las armas autónomas que deciden un daño físico sin intervención humana y todo sistema que funcione sin base legal, sin evaluación previa, sin responsable y sin auditoría. Con niños, niñas y adolescentes la veda es total frente a contenido sexualizado, abusivo o lesivo, aunque sea sintético. Toda IA pensada para menores arranca bajo presunción reforzada de riesgo: la institución debe probar que hace falta y que no hay una vía menos invasiva.

Lo que cambia en un trámite y quién vigila

Los de alto impacto, los que pueden tocar derechos, beneficios, sanciones, seguridad o servicios esenciales, necesitan una Evaluación de Impacto Ético y de Derechos aprobada por el órgano de supervisión antes de entrar en producción, y su resumen quedará a la vista de cualquiera; la revisión mira cuánta energía y agua consume la infraestructura. Cada sistema quedará en un registro interno con finalidad, datos, proveedor, responsable y nivel de riesgo; un extracto alimentará el portal público de transparencia.

Para quien hace un trámite, el cambio se nota en derechos puntuales: saber que una decisión fue apoyada por IA, recibir una explicación comprensible del dato o criterio que pesó y pedir revisión humana, con corrección de errores y quejas por los canales habituales. Vale en la web, en los formularios, en la oficina y en los Punto GOB. La rectoría ética queda en la Digeig. La Ogtic pone la parte técnica: lleva el registro, monta el portal y opera a TAINA, el asistente virtual del Estado.

El Consejo Nacional de Ética de la Inteligencia Artificial, copresidido por la Digeig y la Ogtic, suma a Presidencia, el Indotel y el MAP con seis voces no gubernamentales del Foro Multiactor: dos académicas, tres de la sociedad civil y una del sector privado. El código no crea multas propias; los incumplimientos se tramitarán con las reglas del Código de Integridad del Sector Público. Los plazos máximos para responder una solicitud de revisión humana todavía no existen: los fijará el órgano de supervisión para cada nivel de impacto.

Fuente: Revista Mercado