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Las presuntas ejecuciones extrajudiciales en operativos policiales ocuparon este lunes la rueda de prensa del PLD, que exigió al Gobierno poner fin a las muertes registradas en actuaciones de la Policía Nacional y abrir investigaciones independientes sobre cada caso. Presentó un pliego de siete puntos y pidió que el director de la Policía comparezca ante el Congreso Nacional.
El paso marca un cambio frente a reclamos recientes. Abogados y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ya pidieron investigar muertes en supuestos intercambios de disparos. Esta vez lo plantea un partido mayoritario, con señalamiento a la responsabilidad política del presidente Luis Abinader.
Temístocles Montás, vicepresidente del PLD, actuó como vocero, acompañado por Yván Lorenzo, José Dantés y Sigfrido Pared Pérez. Montás expresó que la lucha contra la delincuencia no puede convertirse en una práctica de eliminación física de personas.
55 muertes en septiembre y más de 180 en el año
Datos citados por la organización registran 55 muertes en intervenciones policiales durante septiembre de 2026. Organizaciones de derechos humanos han denunciado que más de 180 personas perdieron la vida en operativos durante los primeros meses del año.
El PLD mostró preocupación por denuncias de personas muertas tras haberse rendido o cuando ya estaban bajo control de los agentes. De comprobarse, serían graves violaciones a los derechos fundamentales. La Policía tiene derecho a defender la vida de sus agentes ante amenazas reales, reconoció la organización, y esa facultad pierde sustento cuando la persona ya no representa un peligro inmediato.
La Procuraduría no ha ofrecido información estadística suficiente sobre las investigaciones abiertas, los agentes sometidos a la justicia ni los resultados de esos procesos, cuestionó el partido.
Responsabilidad política y mando policial
La declaración recordó el artículo 7 de la Constitución, que define al país como un Estado social y democrático de derecho, y el artículo 37, que consagra la inviolabilidad de la vida y prohíbe la pena de muerte. El artículo 255 coloca a la Policía bajo la autoridad del presidente. Ninguna autoridad policial puede sustituir a los tribunales, declarar culpable a un ciudadano y disponer su ejecución, sostuvo el PLD.
El partido aclaró que no afirma la existencia de una orden presidencial expresa para cometer ejecuciones. Su señalamiento apunta a la falta de supervisión, a la tolerancia y al silencio ante las muertes repetidas, factores que, advirtió, pueden convertirse en una forma de autorización de hecho y abrir espacio a la impunidad. Abinader, como máxima autoridad civil de la Policía, tiene la responsabilidad política de velar por una seguridad ciudadana aplicada dentro de la ley, expresó la organización.
Las garantías constitucionales aplican para todos los ciudadanos, sin importar su historial penal o las acusaciones en su contra, remarcó el partido. La sociedad debe vivir sin miedo a los delincuentes ni a quienes portan armas en nombre del Estado.
La efectividad policial no debe medirse por la cantidad de presuntos delincuentes eliminados, planteó el PLD, sino por prevenir delitos, investigar y detener a los responsables. Las muertes sin esclarecer destruyen pruebas y erosionan la confianza pública, añadió la declaración.
El pliego: Congreso, estadísticas y reforma
Las siete propuestas incluyen instrucción presidencial pública sobre respeto a la vida, investigaciones independientes del Ministerio Público, transparencia estadística y rendición de cuentas en el Congreso. El pliego suma supervisión externa con apoyo de tecnología, una reforma policial centrada en derechos e investigación de la responsabilidad de mando en cada hecho.
La comparecencia pedida llevaría al director general de la Policía Nacional a explicar ante los legisladores las instrucciones impartidas a los agentes y los mecanismos de control en uso. El PLD pidió explicaciones públicas al mandatario sobre esos dos puntos. La respuesta del Gobierno a la rueda de prensa de este lunes marcará el siguiente paso de un debate que ahora entra al terreno del Congreso.
Fuente: Vanguardia del Pueblo
Foto: Vanguardia del Pueblo
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