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La evaluación docente que el Ministerio de Educación aplicará a los maestros del sector público ya tiene punto de partida: el miércoles 29 de octubre inicia la observación de clases en unos 3,000 centros educativos, la etapa en la que técnicos y pares entran al aula a mirar cómo enseña cada profesor. La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) saludó el arranque, pero lo condicionó a dos exigencias que repitió en su pliego: objetividad en los juicios y transparencia total sobre los instrumentos que se usarán para medir.
La evaluación de desempeño es un mandato de la Ley General de Educación 66-97 y un compromiso asumido hace 28 años entre el propio Ministerio, la ADP y el Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio (Inafocam). No es, por tanto, una idea nueva: es una deuda institucional que el sistema arrastra mientras generaciones de estudiantes pasan por las aulas sin que nadie certifique de forma sistemática la calidad de quien les enseña.
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El proceso promete mover cifras grandes: dignificar a unos 27,000 docentes que ya superaron los cinco años de servicio, abrir paso a cientos de directivos con más de 15 años en el cargo e integrar a miles de coordinadores, orientadores y técnicos en una cultura de medición que el magisterio dominicano no ha tenido de forma continua.
El calendario: 29 de octubre en las aulas y resultados en 2026
El diseño actual contempla que la observación en los salones se desarrolle entre el 29 de octubre y el 20 de diciembre, en unos 3,000 centros educativos, datos de El Seis. El Ministerio convocó a los docentes de esos centros a presentarse para ser evaluados, y el cronograma reserva los primeros meses de 2026 para procesar y entregar los resultados a cada maestro.
Antes del aula hay una etapa previa: la autoevaluación, en la que cada docente valora su propia práctica. La observación por pares y técnicos aporta la mirada externa, y la combinación de ambas fuentes es la que, en teoría, protege al evaluado de un juicio basado en un solo instrumento.
De los incentivos económicos ligados a la evaluación no hay cifra oficial cerrada en la información disponible. El pliego de la ADP incluye la expectativa de que un buen resultado se traduzca en reconocimiento salarial para los docentes con más antigüedad en el servicio.
Lo que pide la ADP: instrumentos claros y sin doble lectura
La posición del gremio quedó fijada el pasado martes, cuando asumió la nueva directiva encabezada por Eduardo Hidalgo. La ADP condicionó su respaldo a la garantía de objetividad y a la «transparentación» de los instrumentos: que los maestros conozcan de antemano qué se les va a medir, con qué rúbricas y bajo qué criterios se asignarán las calificaciones.
Hidalgo planteó además la aspiración de que la evaluación ayude a recuperar la figura del maestro dominicano, golpeada —en su lectura— por la presión de los resultados de pruebas internacionales y por años de debate público sobre la calidad educativa. El sindicato se comprometió a acompañar el proceso en los centros, con veeduría en las regionales.
El Ministerio, por su parte, ha enmarcado la evaluación como un instrumento de mejora y no de sanción: el diagnóstico debe terminar en planes de formación para los docentes que más apoyo necesiten. Esa promesa es la que la ADP dice que vigilará de cerca.
Una deuda de 28 años con la Ley 66-97
La Ley 66-97 ordenó evaluar el desempeño del personal docente desde 1997, y el compromiso tripartito entre Ministerio, ADP e Inafocam lleva 28 años firmado. Los intentos anteriores se diluyeron entre cambios de gestión, recursos insuficientes y la resistencia de cada coyuntura. Que esta vez exista fecha de inicio, universo de centros definido y respaldo condicionado del gremio coloca al proceso en otro punto de partida.
La prueba de fuego será doble: que las observaciones se completen en el plazo anunciado y que los resultados de 2026 lleguen con instrumentos públicos y explicables. Si eso ocurre, la evaluación docente pasará de ser una promesa de la ley a una herramienta real del sistema. Si no, se sumará a la lista de deudas que la educación pública dominicana sigue pagando con intereses.
Fuente: El Seis
Foto: El Seis
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