Durante su encuentro semanal con los medios, conocido como "La Semanal con la Prensa", el mandatario fue directo. Afirmó de manera contundente: «Quien le habla no ha puesto una coma en ese proyecto». Con estas palabras, el presidente Abinader se distancia de la autoría directa del texto que busca actualizar la legislación vigente sobre libertad de expresión y los medios digitales.

La Postura del Presidente Abinader

El presidente Luis Abinader enfatizó que la propuesta legislativa no surgió del Poder Ejecutivo. En cambio, señaló que fue el resultado de un consenso entre diferentes sectores de la sociedad dominicana. Esta aclaración es crucial, ya que sitúa el origen del proyecto en un esfuerzo colectivo y no en una iniciativa gubernamental unilateral.

Además, el mandatario recordó la disposición al diálogo. Mencionó que Ricardo de los Santos, actual presidente del Senado, ha expresado que está abierto a escuchar a todos los sectores que aún no se sientan consultados. Esto sugiere que el proyecto podría seguir evolucionando antes de una posible aprobación final. La participación ciudadana y de los gremios es vista como fundamental en este proceso.

Para entender la situación actual, es útil mirar atrás. Los antecedentes de este proyecto de ley se remontan al Decreto 333-22, emitido el 23 de junio de 2022. Mediante este decreto, se conformó una comisión consultiva honorífica. Su tarea principal fue elaborar un borrador de ley para modernizar la normativa existente sobre libertad de expresión.

Esta comisión fue integrada por un grupo plural de juristas y comunicadores. Ellos presentaron un borrador inicial que fue sometido a consulta pública y presentado a la sociedad civil. Posteriormente, según se informó, el presidente presentó formalmente el proyecto el 8 de abril de 2025 en el mismo escenario de "La Semanal con la Prensa". Desde esa presentación, el proyecto ha generado un notable volumen de reacciones, tanto a favor como en contra, en diversos círculos del país.

Entre las voces que han manifestado su apoyo al proyecto se encuentra la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus). Esta entidad considera que la pieza legislativa está alineada con la realidad actual de la República Dominicana. Finjus ve el proyecto como un esfuerzo por ofrecer un marco legal coherente y moderno, respetuoso de los principios democráticos.

Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de Finjus, ha sido un defensor visible de la propuesta. Recordó que la libertad de expresión e información es un derecho fundamental, consagrado en el artículo 49 de la Constitución dominicana. Para Castaños Guzmán, este derecho es uno de los pilares esenciales de toda sociedad democrática. En sus palabras, el proyecto representa "un avance significativo hacia una regulación justa, equilibrada y moderna para la protección de la libertad de expresión".

El camino de este proyecto de ley de libertad de expresión aún está en desarrollo. La clarificación del presidente Abinader sobre su no intervención directa en la redacción del texto es un punto importante en el debate público. Mientras tanto, diversos sectores continúan analizando y discutiendo sus implicaciones para el futuro de la comunicación y los derechos fundamentales en la República Dominicana. La apertura al diálogo en el Senado podría ser clave para alcanzar un consenso más amplio.