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Nivel 2 trata de personas y el informe de investigaciones de Estados Unidos volvió a poner la lupa diplomática sobre el Palacio Nacional tras una comunicación oficial que desató reclamos inmediatos.
El Gobierno celebró un supuesto ascenso de categoría en la evaluación de Washington. Ese escalón, en los registros del Departamento de Estado, ya se había alcanzado en 2025.
La realidad que plasman los documentos norteamericanos de 2026 cuenta otra historia. Las investigaciones abiertas en el país cayeron de 229 a apenas 94 durante el último período evaluado.
Menos de la mitad.
El contraste incomoda a los despachos oficiales. Mientras la vocería estatal vendió la noticia como un logro fresco de gestión, el reporte internacional divulgado por la Embajada de Estados Unidos confirma que República Dominicana no subió ningún peldaño este año, sino que se mantuvo en la misma casilla en la que quedó ubicada hace doce meses.
Una lectura inflada que choca de frente con las advertencias de los inspectores externos.
El desplome de los expedientes frente al festejo oficial
La disparidad en las cifras golpea el relato institucional. En 2024 las fiscalías locales impulsaron 229 pesquisas por trata. Un año después, ese ritmo de investigación se desinfló hasta quedar en 94 expedientes.
Según el análisis publicado por Infobae, el trabajo judicial mostró mejoras en los tribunales, con 30 condenas dictadas frente a las 11 del período anterior. Casi todas castigaron las redes de explotación sexual en entornos turísticos y urbanos.
El drama humano en los campos agrícolas dominicanos sigue recibiendo la espalda. Washington documentó solo un caso de trabajo forzoso en todo el calendario, dejando intactas las denuncias sobre abusos en bateyes azucareros, fincas de café y obras de construcción civil.
El esfuerzo policial se concentró en desmantelar negocios nocturnos en Sosúa o en el Gran Santo Domingo, donde rescataron a más de un centenar de mujeres extranjeras, en su inmensa mayoría de nacionalidad colombiana.
Las plantaciones del sur y del Cibao, en cambio, operaron con una supervisión estatal prácticamente nula.
Modificaciones legales que no frenan la deuda en el campo
El Congreso dominicano endureció las penas en la Ley 137-03 para llevar los castigos por trata hasta los 25 años de cárcel y eliminó la prescripción del crimen. También creó dependencias especializadas en la Procuraduría General de la República.
Los cambios en el papel lucen contundentes.
La aplicación práctica tropieza con la falta de albergues para hombres rescatados del trabajo esclavo y con la persistencia de cobros irregulares en la franja fronteriza. Organizaciones que defienden los derechos humanos en la frontera alertaron de que las repatriaciones masivas muchas veces expulsan a víctimas potenciales antes de que los fiscales puedan entrevistarlas.
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